Ante la aparición en el mundo de la COVID-19, el impacto que ha generado en los sistemas de salud, la alta transmisibilidad y rápida propagación sumado al número de fallecimientos, los países han tomado una serie de medidas extremas y Colombia no ha sido la excepción, en donde ya se cumple una cuarentena extendida.
El panorama en pro del cuidado de la población y de la preparación de la red hospitalaria en todo el país con la adecuación de más unidades de cuidados intensivos obliga a que todos permanezcamos en casa y, en consecuencia, a que establecimientos, colegios, universidades, oficinas de trabajo y eventos estén cerrados.
'Hoy tenemos que tomar estas medidas porque el virus está creciendo, y si bien no lo está haciendo como se pensó en un momento, tampoco está como quisiéramos. Por lo cual, es deber de todos que tomemos las medidas de cuidado porque si lo hacemos con juicio los efectos postcuarentena y las restricciones serán menores', explicó el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso.
Lo que se busca con esta medidas es que la curva de casos positivos de COVD-19 permanezca aplanada a fin de no saturar los sistemas de salud, sin embargo esto tiene un costo que el Gobierno Nacional ha tenido en cuenta en la declaración del Estado de Emergencia (Decreto 417 de 2020), al considerar que las afectaciones al sistema económico es de magnitudes impredecibles e incalculables.
En este sentido el Gobierno es consciente que los ingresos de los colombianos -que en muchos casos dependen del trabajo diario y que por cuenta de las medidas sus actividades se ven restringidas- se pueden ver afectados para la adquisición de bienes y servicios. Adicionalmente, un evento externo como la caída de precio del petróleo repercute negativamente en la economía nacional.
Con todo este escenario en 2020 el gobierno del presidente Iván Duque ha enfocado todos sus esfuerzos en cuidar la salud de los colombianos, principalmente la de los adultos mayores, que hacen parte de los grupos poblacionales más vulnerables dadas las características de la enfermedad que ataca principalmente a individuos con enfermedades de base como lo son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otras.
Esta situación pone de manifiesto que el problema de la COVID-19 requiere el esfuerzo de la población como también del Estado, el cual ha dispuesto las estrategias para el cuidado de la salud, pero al mismo tiempo vela por contener el golpe en la economía, por lo que se han establecido mecanismos desde el Banco de la República al reducir las tasas de interés, y en la Dian, con la flexibilización del calendario tributario.
'La idea es generar mecanismos de liquidez para contrarrestar la disminución de los ingresos de los hogares y empresas colombianas y, de esta manera, evitar un freno en la actividad económica. Es así como el Gobierno Nacional ha presupuestado recursos extraordinarios cercanos a los $15 billones paramitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia a través del Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME-', explicó el director de Financiamiento Sectorial del Minsalud, Anwar Rodríguez Chehade.
Sector salud.
En el caso particular del sector salud, el gobierno Nacional está asegurando que el flujo de los recursos corrientes como lo son la Unidad de Pago por Capitación y los presupuestos máximos no se detengan, incluso se ha hecho un esfuerzo importante por anticipar el giro de estos últimos, cuando a finales del mes de marzo se giró una suma aproximada de $780.000 millones para garantizar la atención a todos sus afiliados. De otra parte, en los próximos días se girarán los valores correspondientes a deudas del período comprendido entre abril 2018 y diciembre de 2019 por servicios y tecnologías no financiados con la UPC y se está finalizando lo relacionado con la reglamentación y puesta en marcha de la operación del Acuerdo de Punto Final previsto en el Plan Nacional de Desarrollo para el saneamiento de las cuentas anteriores a diciembre de 2018.
Con esto se espera generar la liquidez que permita desatrasar las obligaciones entre los actores del Sistema con el objetivo de poder realizar el pago de forma prioritaria de las acreencias de recurso humano y proveedores.
Adicionalmente, se inyectarán $6,6 billones en el marco del FOME mediante medidas encaminadas a financiar la expansión de la capacidad instalada de los prestadores en función del impacto regional de la pandemia y la disponibilidad actual de infraestructura de prestación de servicios.
Finalmente, está la creación de un mecanismo excepcional de financiación de los servicios asociados a la covid-19, el cual se reconocerá en el momento de los picos de casos, y se suman una serie de medidas para proteger a los trabajadores de la salud, que estarán contenidas en un Decreto Ley del próximo a expedirse.
Se trata de una búsqueda de equilibrio entre salvar la salud de los colombianos y al mismo tiempo de proteger la economía del país, lo que se traduce en preservar empleos y mantener la producción de los elementos más esenciales, tales como alimentos y productos de aseo personal, que son los que actualmente más demanda la población en general.
