Palestina se convirtió ayer en miembro oficial de la Corte Penal Internacional (CPI) en un histórico paso que parte de su estrategia de solucionar el conflicto con Israel en la arena internacional, tras años de negociaciones fallidas.
'El Estado de Palestina ha decidido seguir un enfoque de internacionalización para lograr los derechos inalienables del pueblo palestino y terminar con décadas de colonización, despojo, desplazamiento forzado y masacres', señala una nota difundida por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
Esa incorporación le sitúa al nivel de otros 122 estados en el sistema internacional y abre la puerta que permite a ese tribunal juzgar crímenes de guerra, contra la humanidad o de agresión cometidos en los territorios palestinos ocupados, además de contar con la baza de poder referir situaciones determinadas a la atención de la Corte.
'La adhesión a un tratado es, por supuesto, solo el primer paso. La entrada en vigor hoy del Estatuto de Roma para Palestina supone que Palestina adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que conlleva ser un Estado Parte en el Estatuto', dijo la vicepresidenta segunda de la Corte y jueza, Kuniko Ozaki.
Con el enésimo fracaso de las negociaciones con Israel auspiciadas por EEUU el pasado abril, y ante la imposibilidad de acordar una base común para abordar el fin del conflicto, los palestinos decidieron volcar sus esfuerzos en la búsqueda de una solución fuera de Oriente Medio y apostaron por reforzar la internacionalización de la disputa mediante la adhesión a tratados y organizaciones internacionales. La adhesión a la CPI fue su último envite, y quizás el más importante, en la ruta iniciada en 2011 con la solicitud de pertenencia a la Unesco y tras firmar otros 40 tratados y convenciones.
Además de adherirse, los palestinos se acogieron al artículo 12.3 para poder reivindicar la jurisdicción retroactiva de la Corte desde el 13 de junio de 2014, inicio de una gran campaña militar israelí tras la desaparición de tres adolescentes judíos en Cisjordania.
Esta operación desembocó en la mayor ofensiva militar contra Gaza desde 1967 y se saldó con la muerte de más de 2.200 palestinos y 70 israelíes, así como con más de 11.000 heridos y una gran devastación de infraestructuras y viviendas en la franja, que ahora la Corte podría investigar. Efe
