Guatemala vivió un terremoto político por los nuevos hallazgos divulgados sobre la millonaria estructura de corrupción estatal bautizada como ‘La Línea’, cuyo organigrama, según las autoridades, era comandado por el presidente del país, Otto Pérez Molina, y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quien fue detenida ayer.
'Tenemos que decirlo, muy lamentablemente, pero al frente de la estructura está el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la señora vicepresidenta en aquel entonces Íngrid Roxana Baldetti', aseguró en rueda de prensa el abogado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, identificaron al mandatario y a Baldetti como los poderes más altos de una trama de corrupción en el ente recaudador de impuestos, que en solo dos transacciones identificadas, de miles aún por analizar, recibió pagos por 1,6 millones de quetzales (200.000 dólares).
Las autoridades señalaron originalmente en abril pasado, cuando se destapó el caso, al secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, como la figura más alta del organigrama criminal, pero los documentos hallados en los allanamientos realizados en los últimos cuatro meses confirmaron la vinculación de la Presidencia.
La supuesta trama criminal operaba dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde ingresaron más de 500 contenedores de manera ilegal con la complicidad de al menos 27 personas, entre funcionarios a todo nivel y particulares.
Las pruebas más contundentes, según Velásquez y Aldana, fueron localizadas en la computadora de Salvador Estuardo González, uno de los 27 detenidos, quien a pesar de no ser empleado de la SAT le envió el 13 de abril a Pérez Molina un informe sobre la recaudación aduanera.
En la computadora de González también fueron hallados detalles sobre pagos efectuados a Juan Carlos Monzón Rojas, quien es buscado por las autoridades guatemaltecas e internacionales desde el pasado 16 de abril.
'Afortunadamente (para la investigación) llevaban muy en orden los pagos', explicó Velásquez en referencia a los hallazgos, en los que se incluyen tablas sobre el control y la distribución de los sobornos.
La investigación original de la estructura criminal empezó en mayo de 2014 e incluyó 66.000 sesiones de escuchas telefónicas, la principal prueba contra los implicados.
Actualmente ya incluye 88.920 escuchas interceptadas; 5.906 correos, 175.000 documentos, 100 informes, 11 allanamientos, 650.000 folios, 32 agendas, 100 personas relacionadas y 22 empresas involucradas.
En esas escuchas, los integrantes de la estructura criminal hablaban entre ellos de una persona a la que denominaban como 'la R', 'la dos' o 'la señora', apelativos que se relacionaron con Baldetti pero que hasta hoy no habían sido oficialmente vinculados con la exvicepresidenta (2012-2015). Efe
