La Corte Suprema dio trámite para un antejuicio al presidente Otto Pérez Molina por su vinculación en caso un caso millonario de fraude fiscal y envió el expediente al Congreso para que integre la comisión investigadora.
La fiscalía y la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala solicitaron el retiro de su inmunidad por considerar que está vinculado a una red de funcionarios y particulares que recibió sobornos de empresarios para evadir al fisco.
El magistrado Rafael Rojas dijo a The Associated Press que la resolución fue adoptada fue por unanimidad de los 13 magistrados que conforman la Corte.
Solo la magistrada Blanca Stalling, que también ha salido vinculada en escuchas telefónicas del caso, se excusó de conocer y fue reemplazada por un magistrado suplente.
Este es el segundo trámite de antejuicio que acepta la Corte Suprema contra el presidente, el primero fue solicitado por el diputado Amílcar Pop, por el mismo caso pero con evidencias de medios. El tema fue descartado en el Congreso.
La Corte enviará el nuevo expediente al Congreso donde la comisión investigadora será integrada por cinco diputados electos al azar que rendirán informe al pleno y recomendarán o no el retiro de la inmunidad.
El presidente vive la peor crisis de su gobierno tras la petición de la fiscalía de que se le retire la inmunidad para ser investigado por el escándalo de corrupción al fisco guatemalteco.
Desde el viernes han renunciado cinco ministros de los 13 miembros del gabinete, 8 viceministros y dos secretarios, en medio de protestas ciudadanas que piden la renuncia del mandatario.
La fiscalía y la Comisión, hay fuertes indicios de que el mandatario está vinculado a una red de defraudación aduanera, denominada ‘La Línea’, que habría robado millones de dólares al fisco guatemalteco.
La ex vicepresidenta Roxana Baldetti enfrenta cargos por el caso.
A pesar de las acusaciones, Pérez Molina emitió el domingo un mensaje televisado a la nación en el cual informó que no renunciaría al cargo, que se sometería a los tribunales de justicia, pidió perdón por la corrupción en su gobierno y negó los cargos en su contra.
Se espera que en los próximos tres días se registren protestas y bloqueos de carreteras para pedir la renuncia del mandatario.
Helen Mack, activista de derechos humanos, cree que el presidente 'llamó a la confrontación para volverse un perseguido político para evadir la justicia, así que cualquier acto violento será responsabilidad de él ya que las 18 semanas de protestas han sido pacíficas'.
La representante estudiantil Lucía Ixchiu llamó 'cobarde' al presidente por lanzar ese discurso y porque se atrinchera en su puesto sin haber escuchado al 'clamor popular que pide su salida'.
El sector empresarial pidió públicamente su renuncia y a esto se unió la Iglesia católica a través del arzobispo guatemalteco Oscar Julio Vian.
'Yo creo que sí debe renunciar', dijo Vian. AP
