Reducir las emisiones de dióxido de carbono a partir del año 2020 fue el pacto al que llegaron 175 países el pasado viernes al firmar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. La ceremonia se celebró en la sede de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) en Nueva York, donde nunca antes tantos países habían firmado una convención internacional de este tipo en el primer día en que el texto se abre para que las naciones comiencen a adherirse.
Para que este acuerdo entre en vigor se necesita que al menos 55 países, que sumen en total el 55 por ciento de las emisiones globales, completen el proceso de ratificación. Estados Unidos y China, que suman casi el 40% de las emisiones en el mundo, han dicho que se proponen unirse al acuerdo este año.
Poder mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a esos niveles, es uno de los estatutos que se comprometieron a cumplir las partes firmantes. Para ello, los países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación y seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la Convención.
Argentina fue uno de los primeros países que se pronunció tras el acuerdo al manifestarse su canciller, Susana Malcorra, destacando que el país está 'plenamente comprometido' con el desafío del cambio climático y con hacer 'los mayores esfuerzos' para ratificar lo acordado.
Por su parte, el Gobierno español confía en que la protección del medioambiente sea un compromiso que una a todos los partidos políticos y en que el Parlamento pueda aprobar una ley que siente principios para luchar contra el cambio climático.
'Los efectos del cambio climático nos afectan a todos; nadie queda a salvo de sus consecuencias', afirmó la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, tras ratificar en la ONU su participación.
Por otro lado, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó el pasado viernes que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará un proyecto orientado a mitigar los efectos del cambio climático en el país centroamericano. Es por ello que la semana entrante llegará a Honduras una delegación de este organismo para definir los fondos verdes que destinará para financiar varios proyectos.
Antes de la firma del acuerdo, una de las intervenciones más esperadas fue la que realizó el actor Leonardo DiCaprio en calidad de embajador de paz de las Naciones Unidas. El galardonado actor celebró el acuerdo, al decir que era 'motivo de esperanza', pero 'no era suficiente'.
'Todo lo que he visto en mis viajes me ha aterrorizado', señaló, repasando los bosques incinerados, las sequías sin precedentes en Estados Unidos y el deshielo de glaciares.
¿Cómo funcionará?. Después de firmar, las naciones deberán aprobar formalmente el acuerdo por medio de sus procedimientos nacionales. La ONU dijo que quince países, varios de ellos pequeñas naciones insulares amenazadas por la elevación del nivel de las aguas, lo harán el mismo depositando sus documentos de ratificación.
China, que lidera el listado en emisiones de carbón, se comprometió a realizar los procedimientos internos para ratificar el acuerdo antes de la cumbre del G20 que se realizará en ese país en septiembre.
Estados Unidos manifiesta que lo ratificará este año, una promesa que el mundo aguarda con ansiedad.
Según los analistas, si Washington lo ratifica antes del fin del período del presidente Barack Obama en enero, le resultará más difícil a su sucesor denunciar el acuerdo, porque debería esperar cuatro años bajo las normas acordadas.
Entre los países que no han dicho si ratificarán el acuerdo se encuentran algunos de los mayores productores de petróleo del mundo, como Arabia Saudita, Irak, Nigeria y Kazajistán. Si embargo, cada país fija sus propias metas para la reducción de emisiones de dióxido de carbono y otros gases invernadero. Las metas no son vinculantes, pero los países deben actualizarlas cada cinco años.
¿Cómo lo haría Colombia?. Para lograr cumplir con el acuerdo, Colombia requerirá de 3,1 billones de pesos anuales para reducir en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030.
'Las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero requieren inversiones que promuevan el uso eficiente de los recursos como el agua y la energía, lo que desencadena efectos positivos ambientales, económicos y sociales para el país a mediano plazo', afirmó el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria.
La cifra se obtiene luego de un análisis que el DNP realizó sobre el cumplimiento de la meta.
La inversión, que corresponde al 0,4 % del producto interno bruto (PIB) y traerá beneficios anuales de aproximadamente 9,4 billones de pesos, además, hará parte de la implementación de los Acuerdos de París contra el cambio climático, indicó el DNP.
El DNP aseguró que el 69 % del valor de las inversiones se destinará al sector de los transportes. El sector agropecuario requerirá solo el
15 %, aunque su potencial en 'reducción de gases de efecto invernadero es el más alto ya que contribuye con el 43 % de las emisiones del país'.
Por otra parte, la implementación de las acciones nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero reducirán en un 2 % la tasa de desempleo de Colombia, al generar 234.000 puesto de trabajado cada año, según los calculos de la entidad.
Un primer intento: Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto, aprobado en el año 1997 por la ONU, estableció objetivos de emisiones solo para países desarrollados, una de las razones por las que EEUU decidió no participar en ese pacto, que está en vigor desde 2005. Más adelante, en 2013, comienza el segundo periodo de este acuerdo, que finalizará en 2020; en él participan 38 países desarrollados, entre ellos la Unión Europea. A este segundo momento se suma la enmienda de Doha, en la que los países se comprometen a reducir las emisiones en un 18 %.
Lo principal para alcanzar la meta que se ha propuesto es el comercio de emisiones, el cual fue impulsado por Estados Unidos debido a la presión de las grandes compañías. La mecánica es con base a la división y privatización de la atmósfera, donde los ‘permisos de contaminación’ se comercializan.
Su ratificación en 156 países, inicialmente, se inició con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos países reciben ‘permisos de derechos de emisión’, los cuales serían equivalentes a su compromiso de reducción de emisiones y son calculados en unidades de dióxido de carbono. De acuerdo con la métrica, una tonelada corresponde a un permiso o licencia para poder contaminar hasta los límites fijados en el acuerdo. Los permisos son asignados gratuitamente a las industrias de cada país. Sin embargo, con este sistema recibe recompensa el que contamina.
