La montaña rusa en la que se ha convertido el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff tomó otra inesperada curva este martes luego de que el presidente interino de la Cámara de Diputados revocara una decisión que adoptó horas antes y que habría sumergido el proceso en la incertidumbre.
El giro tomado por Waldir Maranhao revivió el juicio político un día después de que desatara el caos y ahondara las divisiones entre la clase política brasileña al anular una votación realizada el 17 de abril por la Cámara de Diputados que le había dado luz verde al proceso. La medida había puesto en suspenso la votación prevista para el miércoles en el Senado, en la que se decidirá si se suspende, o no, a Rousseff de su cargo mientras se realiza el juicio.
Pero el lunes en la noche, doce horas después del anuncio, el vocero de Maranhao, Marcos Alberto, dijo que el presidente interino había dado marcha atrás en su decisión, por razones que se desconocen.
Estos giros abruptos son comunes en la política brasileña; el juicio político en contra de la mandataria ha estado colmado de cambios drásticos y dramáticos. Reportes noticiosos insinúan que Marahnao fue sujeto de extrema presión por parte de miembros de su Partido Progresista que desean que Rousseff sea sometida a un juicio político.
Para el martes por la tarde, los líderes de varios partidos analizaban formas de retirar a Marahnao de su puesto interino, lo que deja ver la naturaleza despiadada de la política brasileña y las intensas emociones que rodean a la posible destitución de Rousseff.
Maranhao asumió las riendas de la Cámara de Diputados luego que Eduardo Cunha, expresidente de la misma y la fuerza impulsora del esfuerzo para el juicio político, fue suspendido por acusaciones de corrupción y obstrucción de la justicia.
El cambio de posición de Maranhao despejó el camino para efectuar la votación del miércoles en el Senado sobre si aceptar el caso de juicio político contra Rousseff y enjuiciarla por presuntamente violar las normas fiscales en su manejo del presupuesto nacional. Si una mayoría simple de los 81 senadores del país decide que sí, Rousseff será suspendida como presidenta de Brasil y el vicepresidente Michel Temer asumirá el cargo hasta que se realice y culmine el juicio.
Maranhao había argumentado que la votación en la cámara baja el mes pasado estuvo repleta de irregularidades, como por ejemplo que los líderes de los partidos le habían instruido a sus miembros cómo debían votar. Maranhao había votado en contra del juicio político.
Los partidarios de Rousseff mostraron su frustración el martes, con manifestaciones en ciudades de más de una docena de estados. Los inconformes bloquearon caminos y carreteras, impidieron el ingreso a universidades y quemaron neumáticos.
En Vitoria, a unos 500 kilómetros (310 millas) al noreste de Río de Janeiro, un manifestante propinó patadas y puñetazos a tres periodistas locales, que recibieron atención médica por heridas menores. El noticiero Globo captó los ataques en la cámara. La policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos, e indicó que el hombre había sido identificado y sería arrestado.
En un intento de último momento por detener el proceso, el gobierno apeló ante la Corte Suprema, bajo el argumento de que la votación del mes pasado en la Cámara de Diputados estuvo llena de irregularidades. Aunque es posible que la corte intervenga, ya sea por el tribunal completo o incluso un juez por sí solo, hasta ahora la corte en general se ha mantenido al margen del proceso de juicio político.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, visitó a Ricardo Lewandowski, magistrado en jefe del máximo tribunal, para expresarle sus preocupaciones acerca del proceso.
Lewandowski respondió que hasta ahora la Corte Suprema ha emitido fallos en torno a las formalidades de los procedimientos, no con relación a los méritos del contenido.
Esta lucha política ocurre en momentos en que Brasil vive la peor recesión en décadas, se efectúa una enorme investigación de sobornos por contratos en la estatal petrolera Petrobras, que ha salpicado a políticos y empresarios de primer nivel, y hay un brote del virus del zika. Al mismo tiempo, la ciudad estandarte del país, Río de Janeiro, se prepara para acoger los Juegos Olímpicos en agosto.
Rousseff ha estado luchando contra señalamientos de que presuntamente violó normas fiscales con la intención, según sus críticos, de apuntalar artificialmente la debilitada economía de Brasil.
La presidenta ha alegado que sus antecesores en el cargo tomaron esas mismas medidas y que el proceso de juicio político equivale a un 'golpe de Estado' para sacarla del poder a ella y a su Partido de los Trabajadores, que gobierna el país desde hace 13 años.
El apoyo mayoritario que alguna vez tuvo Rousseff se ha erosionado con esta seguidilla de malas noticias y sus índices de aprobación se han desplomado en meses recientes. Aunque las encuestas muestran un amplio apoyo al juicio político, también dejan ver un enorme miedo sobre quién reemplazaría a la mandataria.
