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Miles de opositores venezolanos se manifestaron este sábado en Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro, en su cuarta protesta en una semana que degeneró nuevamente en violencia y choques con la policía.

Los enfrentamientos se iniciaron cuando los manifestantes, convocados por la dirigencia, decidieron a última hora marchar hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro, bastión del chavismo y donde están las sedes de los podres públicos.

Y como el jueves pasado, cuando pretendieron llegar sin éxito al mismo organismo, fueron contenidos por policías y efectivos de la militarizada Guardia Nacional con bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma.

Un grupo de hombres y mujeres con el rostro cubierto respondieron con piedras, mientras el grueso de la marcha aguardaba detrás de ellos.

El primer balance de heridos es de 17, entregado por el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, de donde salió la marcha.

En el centro de la ciudad, el chavismo se concentraba este sábado en un acto multitudinario que denominó 'gran toma cultural, deportiva y recreativa'.

Tras casi dos horas de refriegas, los opositores se replegaron hacia otros puntos, aunque se mantenían algunos focos de conflicto.

En Chacao, decenas de manifestantes lanzaron piedras, palos y bombas incendiarias a un edificio administrativo del máximo tribunal, desatándose una nueva batalla campal con efectivos de la militarizada Guardia Nacional y policías. La fiscalía abrió una investigación.

El excandidato presidencial Henrique Capriles denunció por su parte que el edificio donde realiza sus actividades políticas, en un barrio vecino, fue 'atacado con bombas' poco después de la manifestación.

'Cuál es la orden Maduro? Matarnos? Si algo pasa ya saben quien es el responsable y saben lo que tienen que hacer!!!', escribió en Twitter.

Un cacerolazo se escuchó en algunos barrios de la capital.

'No habrá descanso'

Capriles convocó a los manifestantes a dirigirse a la Defensoría, que esta semana frenó la posibilidad de que el Parlamento de mayoría opositora destituyera a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

'Hay que llegar hasta donde sea. La gente está cansada de tanta corrupción, hambre y miseria', dijo Vanessa García, estudiante de optometría de 37 años.

Los participantes en la protesta rechazaron además la decisión de la Contraloría que inhabilitó a Capriles para ejercer cargos públicos durante 15 años, lo que bloquea su aspiración presidencial en 2018. La medida fue notificada el viernes y el político la apelará.

Portando retratos del dirigente de 44 años, figura emblemática de la oposición, los manifestantes acusaron nuevamente a Maduro de encabezar una 'dictadura'.

Colombia consideró que la decisión de la Contraloría --que la oposición señala de servir al gobierno-- 'aumenta la polarización' en el país, mientras Argentina pidió que quede sin efecto para evitar un 'impacto negativo en el derecho del pueblo venezolano a elegir libremente'.

Hubo también manifestaciones en otras ciudades del país, incluida San Cristóbal, fronteriza con Colombia, donde encapuchados aparentemente armados hicieron detonaciones ahuyentando a la gente.

La oposición planea nuevas protestas durante la Semana Santa, cuando los empleados públicos estarán de asueto por orden de Maduro.

Fue la cuarta manifestación opositora desde el pasado sábado, cuando cientos de ciudadanos rechazaron dos fallos con los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó temporalmente los poderes del Parlamento y retiró la inmunidad a los diputados.

Esas sentencias del TSJ fueron anuladas parcialmente tras un fuerte rechazo internacional.

El martes y jueves hubo movilizaciones que sumaron reclamos como elecciones generales y liberación de 'presos políticos', con saldo de un muerto y decenas de heridos y detenidos.

Maduro denuncia las manifestaciones como un plan para 'llenar las calles de sangre' e intentar derrocarlo.

El mandatario, que enfrenta una severa crisis económica que minó su popularidad, asegura que detrás de esa estrategia 'golpista' se encuentran Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), que este semana declaró una 'grave alteración del orden democrático' en Venezuela.