General Motors anunció la desconsolidación de sus negocios en Venezuela, desde el pasado 1 de mayo de 2017, tras del embargo de la planta de la compañía en este país realizado el 18 de abril por autoridades judiciales venezolanas. Se calcula que la desconsolidación resulte en un costo de unos USD100 millones.
'Esta medida forzó a la compañía a cesar sus operaciones y dar por terminadas las relaciones laborales debido a causas ajenas a la voluntad de las partes. Desde entonces, todos los ex trabajadores han recibido el pago de sus beneficios provenientes de la separación, según se exige legalmente', indica la empresa cuya casa matriz está en Detroit, Estados Unidos.
La semana pasada, GM presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Venezuela, que en caso de resultar exitoso, dejaría sin efecto la demanda subyacente que llevó al embargo, y revocaría todas las acciones civiles y penales relacionadas. Pese a que la compañía cesó operaciones, los ejecutivos de GM expresaron su voluntad de dialogar con el Gobierno y líderes sindicales sobre las circunstancias bajo las cuales podría ser posible comenzar a producir y emplear a cierto número de trabajadores, bajo un nuevo y viable modelo de negocios.
