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Las confesiones de empresarios arrepentidos ante la Justicia han destapado un insólito nivel de podredumbre en la política brasileña, ahogada por una corrupción generalizada que no respeta banderas partidistas y que amenaza al propio sistema.

Los brasileños asisten atónitos e indignados al último capítulo del interminable culebrón de escándalos que involucra a todos los niveles de la administración, incluido el jefe de Estado: Michel Temer.

Durante el último año, el votante brasileño ha ido descubriendo cómo se ha vaciado su empresa de bandera, Petrobras, y se han desviado miles de millones de dólares para financiar campañas electorales, operaciones políticas, comprar voluntades –tanto dentro como fuera de Brasil– y alimentar los bolsillos de candidatos sin escrúpulos.

Las confesiones de Marcelo Odebrecht y de los 77 exejecutivos de su constructora tras pactar con la Justicia llegaron a bautizarse como 'la delación del fin del mundo' y sacudieron los cimientos de la política en Brasil y en varios países latinoamericanos.

Sus revelaciones hablaban abiertamente de sobornos y a cambio de concesiones y favores, mencionaban a empresarios, gobernadores, prácticamente a todos los expresidentes vivos del país, hasta ocho ministros del actual Gobierno, e incluso al presidente Temer.

La tempestad provocada por las delaciones de Odebrecht dio paso a la calma, o al menos eso esperaba el Gobierno, enfrascado en reunir los apoyos necesarios para sacar adelante las impopulares reformas reclamadas por el mercado.

Pero cuando parecía que el terremoto había pasado, un ‘tsunami’ amenaza directamente a Temer: los testimonios de los propietarios del gigante JBS, uno de los mayores exportadores de carne del mundo y también una de las empresas más conocidas en Brasil por sus 'aportaciones' a las campañas políticas.

Los hermanos Joesley y Wesley Batista no solo han revelado sus manejos ante la Justicia a cambio de rebajas en sus posibles condenas sino que han grabado a los políticos en acción, incluido al propio presidente.

Temer, que saltó a la Presidencia hace un año tras apoyar la destitución de Dilma Rousseff por supuestas maniobras fiscales, está acorralado y afronta nueve peticiones de juicio destituyente.