La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, arreció el lunes su confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro, al acusar al máximo tribunal de justicia de agravar con su parcialidad la violenta crisis que sufre Venezuela desde hace dos meses y medio.
Ortega, confesa chavista ahora considerada 'traidora' por el gobierno, impugnó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el nombramiento de 33 de sus magistrados, por considerar que esa designación se produjo en un proceso 'irregular', en diciembre de 2015, por el entonces saliente Parlamento de mayoría oficialista.
'La falta de legitimidad de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad; es, sin duda, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas al país, sino por el contrario lo que se encarga es de acelerar la crisis', declaró la fiscal.
En una maratónica sesión extraordinaria, en víspera de la Navidad de 2015, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a 13 magistrados titulares (de un total de 32) y 20 suplentes, pocos días antes de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomara el control legislativo.
La fiscal pretende que los 33 magistrados cuyo nombramiento objeta se abstengan de decidir en este caso. 'Espero que el tribunal entre a decidir esta nueva solicitud que estoy haciendo y que se inhiban los magistrados involucrados', dijo.
La oposición siempre ha acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de la fiscal vienen a profundizar, no solo las fracturas del chavismo, sino la severa crisis institucional que vive Venezuela.
Ortega, abogada de 59 años, se ha convertido en la más dura crítica del gobierno de Maduro, en momentos en que enfrenta violentas protestas opositoras que exigen su salida del poder, y que dejan 66 muertos en dos meses y medio.
La fiscal aseguró el que miembros de su familia han sido amenazados y perseguidos, por lo que responsabilizó al Ejecutivo de lo pueda sucederles.
'Quisiera hacer responsables a las autoridades del Estado venezolano, especialmente el Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenazas', dijo Ortega.
'Inepta e incapaz'
La fiscal impugnó a los magistrados poco después de que el TSJ declarara 'inadmisible' un recurso de nulidad que interpuso el pasado jueves contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro. 'Ni siquiera entra a analizar el fondo', lamentó Ortega.
El TSJ argumentó que ese recurso contenía una 'inepta acumulación de pretensiones' y frenó así una movilización de venezolanos que, convocados por la MUD, pretendían adherirse a esa solicitud y formalizar su rechazo a la Constituyente.
Unos 200 seguidores del gobierno y opositores intercambiaron ayer insultos y golpes en los alrededores del TSJ.
Por su parte, manifestantes encapuchados incendiaron parcialmente un edificio administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante violentos disturbios en Caracas, en Chacao, este de Caracas.
Saquean sede bancaria en Caracas
Decenas de manifestantes entraron a la agencia del Banco Provincial, del BBVA, causando destrozos. Computadoras y equipos electrónicos de la entidad financiera fueron quemados en la calle. Militares y policías disolvieron los disturbios con bombas lacrimógenas y perdigones.
Los encapuchados también lanzaron piedras contra la sede del Ministerio de la Vivienda, ubicada a unos metros, de donde fueron evacuados los trabajadores, afectados por los gases. La policía del estado Miranda, gobernado por el líder opositor venezolano Henrique Capriles, fue intervenida ayer por supuestos vínculos con 'redes delictivas', informó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
