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La denuncia por corrupción presentada contra el presidente Michel Temer abrió una nueva fase de la crisis en Brasil, con interrogantes sobre la respuesta que dará el debilitado mandatario para evitar perder el apoyo de su base política y de los mercados.

Temer deberá centrar ahora todas sus energías en la Cámara de Diputados, su aliada desde que asumió el poder en 2016, para evitar que prospere el proceso en su contra.

Esta es la primera vez en la historia de Brasil que un mandatario en funciones es inculpado formalmente y ocurre poco más de un año después del impeachment a la izquierdista Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas.

Dos tercios de los diputados deben validar esa denuncia para que sea evaluada por el Supremo Tribunal Federal (STF), algo que ahora mismo parece improbable ante la amplia mayoría oficialista y cerca de la mitad de los legisladores involucrados en casos de corrupción.

Pero, si hubiera sorpresas y el caso avanzara en la corte, esto obligaría a Temer a apartarse del cargo durante un máximo de 180 días mientras juzga el caso.

'Nada nos destruirá. Ni a mí, ni a mis ministros', proclamó desafiante el presidente conservador horas antes de que se conociera la inculpación.

¿Una o más denuncias?

La denuncia fue presentada por el fiscal general, Rodrigo Janot, dentro de las investigaciones por corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia contra el mandatario, que arrancaron en mayo tras la delación premiada de ejecutivos del imperio cárnico JBS.

En su pedido de acusación entregado al STF, Janot consideró que Temer incurrió en el delito de corrupción pasiva cuando 'recibió para sí y por intermedio' de su cercano asesor Rodrigo Rocha Loures, ahora detenido, una 'ventaja indebida' de 500.000 reales (unos 150.000 dólares) de uno de los dueños de JBS, Joesley Batista.

El fiscal pidió que Temer pague una multa por daños morales de 10 millones de reales (3 millones de dólares) y solicitó la apertura de otra investigación contra el mandatario y contra Rocha Loures -que fue grabado recibiendo ese dinero en una maleta- por sospechas de haber participado en un esquema para favorecer a una empresa en el sector portuario.

Janot tiene plazo además hasta última hora del martes para eventualmente presentar más denuncias contra el presidente, en una táctica que podría debilitarlo por fascículos en la Cámara.

En un informe entregado al STF, la Policía Federal ya señaló a Temer como sospechoso de obstrucción a la justicia en el marco de un probable esquema de organización criminal.

En concreto, dijo que el presidente 'incentivó' el pago de sobornos al exdiputado Eduardo Cunha, arquitecto de la destitución de Rousseff, para supuestamente comprar su silencio en prisión.

Esa es una de las conclusiones que la dependencia sacó de la grabación de Temer hecha secretamente por Batista y que puso al mandatario en el ojo del huracán desde que salió a la luz el pasado 17 de mayo.

La amenaza de perder aliados

Caminando en la cuerda floja desde entonces, Temer (PMBD, centroderecha) superó su primera gran prueba de fuego a mediados de mes: logró ganar por un estrecho margen de 4 votos a 3 un juicio en el Tribunal Superior Electoral que podía haber anulado su mandato por abusos y financiación ilegal.

Y hasta ahora ha logrado que su principal socio de gobierno, el PSDB (centroderecha), no haya desembarcado, asestándole un golpe mortal.

El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), figura emblemática de ese partido, dijo el lunes que Temer realizaría un acto de 'grandeza' si hiciera un paso atrás y convocara elecciones anticipadas, al considerar que está teniendo dificultades para capitanear la prometida recuperación económica del país, hundido en la peor recesión de su historia.

El mandatario lleva semanas esforzándose en salvar su piel, mientras sus esperadas y polémicas reformas del mercado laboral y del sistema de jubilaciones siguen estancadas en el Congreso.

Una debilidad que podría amenazar el apoyo que le brindan los mercados.

'Aunque el presidente está claramente más debilitado que antes, aún tiene suficiente capital político para defender su presidencia' hasta finales de 2018, dijo el lunes la consultora Eurasia Group.

Si Temer cayera, la Constitución prevé que el Congreso elija a un nuevo presidente en un plazo de 30 días para completar el mandato.