La mayoría opositora del Parlamento venezolano designó ayer un tribunal supremo paralelo al actualmente en funciones, al que acusa de servir al gobierno, como parte de una escalada para obligar al presidente Nicolás Maduro a dar marcha atrás con su Asamblea Constituyente.
En una sesión celebrada en una plaza pública del este de Caracas, el presidente del Legislativo, Julio Borges, juramentó a 33 personas como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Mientras eso ocurría, en el centro de la capital el TSJ advertía que los parlamentarios deben ser encarcelados por este acto 'nulo' y de 'ánimo subversivo'.
La corte reiteró que la cámara está en desacato y todas sus decisiones carecen de validez, por lo que la designación de jueces tipifica una 'usurpación de funciones' y 'traición a la patria', este último delito castigado con prisión.
Borges dijo que la nueva corte forma parte del 'cambio que pronto tendrá' Venezuela, con una 'justicia al servicio del pueblo y no de una parcialidad política'.
El actual tribunal fue designado a fines de 2015 por la anterior mayoría chavista en el Parlamento, días antes de que la oposición tomará el control tras una victoria aplastante en las urnas.
Desde entonces se desató un choque de poderes: en enero de 2016 el TSJ declaró en desacato al Legislativo por juramentar a tres diputados acusados de fraude; en tanto, la cámara desconoce a la corte por considerar que su elección fue ilegal.
El TSJ, además, ha emitido decenas de fallos que anularon decisiones del Congreso y recortaron sus poderes.
'Hoy nuestra justicia ha sido secuestrada, está al servicio del régimen', afirmó desde la tribuna la asambleísta opositora Sonia Medina.
Anulación del proceso
Pero el TSJ reiteró su sentencia del jueves, en la que anuló el proceso para la designación de una instancia paralela, y advirtió que los parlamentarios deben ser apresados.
'Corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional (...). Para nosotros, ya deben dictarse las medidas de coerción porque es una flagrancia permanente', declaró el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.
El tribunal paralelo, del que aún se ignora dónde sesionará, hace parte de lo que la oposición denomina la 'escalada definitiva' para frenar la Constituyente y poner fin al gobierno de Maduro, tras casi cuatro meses de protestas que dejan 103 muertos.
