El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta una creciente presión internacional y una fuerte ofensiva de la oposición para obligarlo a suspender la elección de su Asamblea Constituyente, tras cuatro meses de protestas que dejan 103 muertos.
En una sesión celebrada en la plaza ‘Alfredo Sadel’, este de Caracas, la oposición, mayoría en el Parlamento, designó a 33 magistrados de una corte paralela al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que acusan de servir al gobierno.
Este nuevo desafío de la oposición forma parte de una estrategia lanzada tras el plebiscito simbólico que realizó el pasado domingo, en el que asegura haber recaudado 7,6 millones de votos contra la Constituyente.
Entre jueves y viernes realizó un paro general de 24 horas para exigirle a Maduro que desista de la elección, el 30 de julio, de los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna.
Durante el paro, que según la oposición fue cumplido en un 85%, ocurrieron choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes en varias regiones, que dejaron cinco muertos y 367 detenidos, según la Fiscalía y la ONG Foro Penal.
Maduro difundió un video en redes sociales en los que aparece manejando por Caracas, junto a su esposa Cilia Flores, para demostrar, según él, el fracaso de la huelga.
'Ni McDonald's le paró bola (prestó atención) a Freddy Guevara', añadió con burla Maduro, refiriéndose al vicepresidente del Parlamento.
Llamados internacionales
Maduro asegura que su Constituyente 'va', especialmente –dijo– luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con sancionar económicamente a Venezuela.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, considera como 'extremadamente positivas' sanciones estadounidenses contra funcionarios venezolanos como presión 'sobre el régimen'.
Gobiernos de América Latina, la Unión Europa y Almagro le han pedido al mandatario que retire el proyecto.
Durante su cumbre en la ciudad argentina de Mendoza, el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) instó este viernes a Maduro a restablecer el orden institucional y el Estado de derecho.
El gobierno calificó esa cumbre de 'ilegal' y consideró 'alarmante' el uso 'temerario' del bloque 'al servicio de una política de hostigamiento' contra Venezuela.
En Estrasburgo, un grupo de expertos en Derecho Constitucional del Consejo de Europa consideró que la Constituyente podría poner en cuestión la 'credibilidad democrática' en Venezuela.
'Es absurdo que el gobierno, en su empeño por una Constituyente rechazada por la mayoría, lleve al país a un drama internacional', comentó Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis, según la cual ese desacuerdo es del 70%.
