Cuando en 1978 se expidió la Constitución que, una vez muerto Franco, dio lugar a la formidable transición política de España, el anteproyecto que se discutió no mencionaba la nación española.
De hecho, en 1931, casi en vísperas de la instauración de ese oscurantismo arcaico que presidió Franco, el texto aprobado renunció a unir los dos vocablos, nación y España, por considerar que este último estaba implicado en la naturaleza de la nación. Para decirlo en los términos de aquellas discusiones, esa omisión 'no negaba ni refutaba' aquel hecho palpable.
El concepto de nación siempre ha sido problemático. Esencialmente problemático. Comenzando con que no siempre ha significado lo mismo. Esa complejidad es mayor en España, donde el fantasma de lo plurinacional ha creado toda suerte de tensiones.
Para muestra, el referendo que las autoridades políticas de la Comunidad Autónoma de Cataluña convocaron para mañana domingo en torno a la secesión de esa región de 7,5 millones de habitantes.
Aunque hace apenas una década los independentistas en Cataluña eran algo más que el 20%, hoy son casi la mitad. Y el 82% de los consultados en una encuesta reciente cree que ese es un asunto que deben decidir los catalanes mediante sufragio.
Enfrentamientos
La convocatoria del referendo independentista ha creado serios enfrentamientos entre el Gobierno central, que preside el muy conservador Mariano Rajoy, y el Parlamento y el Gobierno catalanes. Para los primeros, el referendo es un acto sedicioso digno de tratamientos judiciales, mientras que los catalanes acusan al gobierno de Madrid de arrasar con el régimen autonómico constitucional de Cataluña.
Los antecedentes históricos de este delicado conflicto institucional pueden rastrearse en la Constitución, en las jurisprudencias de los tribunales Supremo y el Constitucional, y en la doctrina, que, con enfoques muy diversos, ha recogido el acontecer de estas tensiones.
El artículo 2 de la actual Constitución Española es un ejemplo fácil de cómo la sombra de las 'naciones' que aspiran a matizar o limitar la nación Española y su soberanía sobrevive a los esfuerzos por atenuar o contener ese conflicto siempre latente.
Dice así el artículo segundo: 'La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas'
Por un lado, los autores del texto constitucional saltan de la no nominación de la nación española en el anteproyecto original al énfasis categórico de una nación que, aunque no describe y precisa, adorna sin embargo con adjetivos de lo indisoluble e indivisible. Es como si el énfasis estableciera que esa nación es la que da lugar a la Constitución y no al revés. Una especie de entidad protoconstitucional, fundante y constituyente.
Pero unos pocos caracteres más abajo, ese mismo artículo segundo pareciera querer mitigar aquel énfasis, evocando la 'autonomía de la nacionalidades y regiones que la integran'. Un texto un poco difuso, como atendiendo las tensiones que desde mucho antes subyacen la discusión de estos temas.
Un recurso contra el estatuto
Un fallo del Tribunal Constitucional en 2010 agudizó los conflictos con Cataluña. El recurso contra un Estatuto que había sido instituido mediante votación, fue recurrido por el Partido Popular, el mismo que gobierna en España con Rajoy como presidente del Ejecutivo.
El Tribunal Constitucional se deshizo, con un solo y despectivo golpe, de las referencias del preámbulo de la Carta a las nacionalidades: '…la nación que aquí importa es única y exclusivamente jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido no conoce otra que la nación española' Roma Locuta.
Más allá de esa contundente interpretación del Tribunal, este decidió que no se puede 'desconocer ni inducir el equívoco en punto a la indisoluble unidad de la Nación española (…) pues en ningún caso pueden reclamar para sí otra legitimidad que la que resulta de la Constitución proclamada para la voluntad de esa nación'. ¿Entendido? Más o menos.
Las esclarecedoras y contundentes decisiones del Tribunal golpearon seriamente no ya las relaciones del Gobierno español con los independentistas, sino con las de toda Cataluña. Dos factores agravaban la situación: que el fallo fuese el resultado de una demanda del PP y que el Tribunal cercenara lo que había sido política y democráticamente decidido por los catalanes.
Es muy fácil concluir que la consecuencia más importante de aquella decisión del Tribunal y de la demanda del PP fue deteriorar aún más las relaciones con Cataluña, crear climas de conflicto poco propicios e incrementar el número de secesionistas.
Al margen de todo lo anterior hay que aceptar que el referendo convocado por el Gobierno y el Parlamento de Cataluña es ilegal. También inconstitucional. Es un poco improbable que algún día se consagre una estipulación constitucional que contemple que las naciones puedan desagregarse, desgranarse, salirse de un estado nación cualquiera. Es de la esencia de los procesos secesionistas un cierto carácter sedicioso.
El verdadero asunto es que, cada vez que una comunidad que aspira a ser una personalidad diferenciada propone la escisión, las cosas se complican demasiado. ¿De que serviría anclar una estipulación Constitucional sobre la unidad nacional cuando, por ejemplo, la comunidad secesionista fuera una amplia e inobjetable mayoría?
Interpretaciones jurídicas
Tienen razón los españoles –catalanes o no– cuando creen que el problema de Cataluña requería mucho más que decisiones Constitucionales. O de interpretaciones jurisprudenciales. O de actos administrativos que, aunque nítidamente amparados en la ley, sean percibidos como un golpe a las autonomías de otros pueblos nacionales. O, como en los últimos días, del uso del artículo 155 de la Constitución española para tomar medidas extremas contra la comunidad autónoma por incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución. También la esclavitud era sacramental, constitucional y legítima. Y sin embargo…
Hay que destacar que las formas y los contendidos utilizados por el Gobierno y el Parlamento catalán son improvisados, arbitrarios, caprichosos y poco o nada estratégicos. La causa de Cataluña merece planteamientos más serios, debates mejor sustentados, políticas públicas más sensatas. Es por eso que miles de catalanes repiten cada vez en estos días, que 'un referéndum sí, pero así no'
Tomo de El País de Madrid las palabras de la exconsejera del partido Socialista Montserrat Tura, por ser una buena síntesis de las delicadas y confusas situaciones que viven los catalanes: 'A mí esos tipos, los independentistas, no me engañan, a veces son muy ignorantes y no soy nacionalista(….). Las cosas se están haciendo muy mal. Se vulnera la ley. Pero los que nos rompimos los cuernos por el Estatuto de 2006 y vimos cómo se dinamitaba nuestro trabajo, ahora vemos cómo los pirómanos de entonces aparecen por aquí y quieren que la fiscalía, la policía, actúen de bomberos en un incendio que causaron ellos. Hablo del PP (….). Se llegó a decir que se legalizaba la poligamia. Que lo había redactado la mano larga de la ETA (…). Malditos serán los que impidieron en su día una solución cuando estábamos a punto de arreglar esto para 25 años'.
Nietzsche decía que los entes culturales no tienen esencia sino historia. Se mira con desdén el vocablo nacionalidades, como si lo de España no fuera, en los tiempos protoconstitucionales, un ente cultural con una historia preponderante y prolongada que dio origen a esa nación y a su soberanía. Igual cosa pretenden las autonomías y las naciones periféricas.
El pensador español José Antonio Marías nos recuerda que la cultura es el despliegue y la constitución de la esencia humana. Es el ser haciéndose. Lo cultural es el origen de las creaciones del hombre y el resultado de esas mismas creaciones. 'Una especie muda creó el lenguaje y el lenguaje recreó la especie. (….) hemos creado lenguaje, arte, religiones y ciencias y así nos hemos inventado a nosotros mismos'. No hay nada de banalidad ni de insignificante en las naciones culturales de la periferia.
Las autonomías no son un riesgo para el estado-nación español. A lo contrario, son, y pudiesen serlo más, certera y definitivamente, su fortaleza, la verdadera garantía de su indisoluble permanencia.
De acuerdo, habría sido deseable que el Gobierno y el Parlamento catalán hubiesen diseñado una hoja de ruta más inteligente. Al menos una que no pretendiese una rampante, intempestiva e improbable decisión independentista. Pero tampoco debemos olvidar que cierta arrogancia de la derecha española suele despreciar las identidades culturales que las comunidades autonómicas, especialmente Cataluña, País Vasco, y Galicia, creen y quieren ser.
Lamentablemente, el referéndum que mañana se celebra o se frustra será una nueva y más honda herida en el corazón de Cataluña. Y algo tal vez peor: el tema ha fracturado gravemente la unidad
catalana. El Gobierno de Madrid, temiendo un contagio en el País Vasco, aplazó las inaplazables conversaciones sobre los presupuestos de la nación, tal vez temiendo un cambio brusco de Euskadi. Pero, tal vez respetando la introspección de los ciudadanos autonómicos sobre sí mismos, haya todavía posibilidades de un diálogo inteligente, desprovisto de prejuicios altaneros y dogmas premodernos.
Tal vez, solo tal vez, los delicados y tensos episodios del referendo de mañana no logren empeorar la situación. Soy de quienes creen que una renovación de los regímenes autonómicos podría abrirse camino sin independentismos extremos. Para eso hará falta mucho más que el Tribunal Constitucional reiterando decisiones demasiado previsibles, pero incapaces de mitigar los conflictos reales que se viven en Cataluña. Y menos judicializaciones, menos mossos de escuadra y menos prejuicios inalterables.
Y sí, '¡malditos sean los que impidieron un día la solución!'.
