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El presidente Donald Trump declaró una 'emergencia de salud pública nacional' ante la crisis por el consumo de opiáceos, lo cual le permitirá intensificar la lucha contra una epidemia que mata a más de 100 estadounidenses cada día.

'Podemos ser la generación que ponga fin a la epidemia de los opiáceos', dijo Trump en un sobrio evento realizado en la Casa Blanca, ante una concurrencia de exadictos, familiares de víctimas de sobredosis y especialistas en el tema.

'Llevará muchos años, incluso décadas, controlar este azote de nuestra sociedad', advirtió, pero 'trabajando juntos, derrotaremos esta epidemia opiácea'. 'Liberaremos a nuestra nación de esta terrible aflicción que es el abuso de drogas', agregó.

El mandatario había afirmado en varias ocasiones, la última el miércoles, que planeaba declarar una 'emergencia nacional' para luchar contra el abuso de opiáceos como los analgésicos de receta controlada Percocet y OxyContin, la heroína y el opioide sintético fentanilo.

El mandatario indicó que la agencia de Alimentos y Medicamentos ya solicitó que 'un opioide especialmente riesgoso', cuyo nombre no mencionó, sea retirado del mercado inmediatamente.

Una emergencia nacional brinda a los estados acceso a fondos federales de ayuda por desastres, pero los funcionarios dijeron que una declaración de emergencia de salud pública nacional era más apropiada para combatir una crisis a largo plazo como la epidemia de opiáceos.

Esta declaración no supone un aumento de fondos federales para abordar la crisis, pero los funcionarios dijeron que la Casa Blanca buscaría más dinero del Congreso para hacerlo. 

La declaración de emergencia de salud pública nacional tiene una duración de 90 días y puede renovarse varias veces, explicaron.

Esta medida permitirá que el departamento de Trabajo, por ejemplo, otorgue subvenciones para trabajadores adictos a opiáceos para ayudarlos a romper lo que un funcionario calificó como un 'ciclo de adicción y desempleo'. 

También proporcionará un mayor acceso a 'tratamientos de telemedicina' para personas en áreas rurales, como la región de los Apalaches y del llamado Cinturón Industrial (Rust Belt), especialmente afectados por la crisis de opiáceos.