El presidente catalán destituido Carles Puigdemont aclaró este martes en Bruselas que no pedirá asilo político en Bélgica y defendió 'ralentizar' el proceso de independencia de Cataluña para evitar la violencia.
'No estoy aquí para pedir asilo político', sino 'para poder reaccionar con libertad y seguridad', dijo Puigdemont en conferencia de prensa, cuatro días después de la proclamación de la independencia, y al día siguiente de que la fiscalía española anunciara que lo demandará por rebelión y sedición, lo que podría acarrearle 30 años de cárcel.
Al mismo tiempo, no despejó las dudas sobre cuánto tiempo permanecerá en Bruselas, al hablar de falta de garantías en España.
El líder independentista, que dijo ser el presidente legítimo de Cataluña, sostuvo que hay que echar el freno para evitar males mayores en respuesta a la ofensiva política y judicial del gobierno central de Mariano Rajoy.
'No se puede construir la república de todos desde la violencia', dijo Puigdemont, añadiendo: 'Si esta actitud tiene como precio ralentizar el despliegue de la república, se tiene que considerar que este es un precio razonable'.
Finalmente, Puigdemont invitó a los independentistas a participar en las elecciones regionales del 21 de diciembre, despejando la duda de si boicotearía estos comicios convocados por el gobierno central de Mariano Rajoy.
'Las elecciones del 21 son un reto que tomamos con todas nuestras fuerzas', dijo Puigdemont en una conferencia de prensa en Bruselas, después de ser destituido por el gobierno central, al que pidió que respete el resultado de los comicios si vuelven a ganar los independentistas.
La última aparición pública del líder catalán se remontaba al sábado, al día siguiente de proclamar la república en el Parlamento catalán, desoyendo las advertencias del gobierno y la justicia españolas.
Después, Puigdemont se fue a Bruselas inesperadamente, un viaje cuyos motivos se ignoraban.
En una sociedad catalana profundamente dividida sobre la independencia, y con la oposición frontal del gobierno español y la Unión Europea a la secesión, la proclamación de la independencia no se tradujo en nada concreto en las calles catalanas.
La independencia se desvanece
En Cataluña se asentaba la idea del fracaso de la proclamación de la independencia y los dos principales partidos secesionistas ya confirmaron que participarán en las elecciones del 21 de diciembre.
Es 'una oportunidad más para hacernos oír, para hacernos oír en todas partes. Nosotros somos los campeones de la democracia, a demócratas no nos gana nadie', dijo a la televisión catalana TV3 Oriol Junqueras, vicepresidente catalán destituido y líder de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), que lidera los sondeos.
Un miembro del ejecutivo de Puigdemont que dimitió el jueves por su desacuerdo con una declaración unilateral, Santi Vila, subrayó que la proclamación de la independencia fracasó.
'A los hechos me remito, si tenéis que tomar un avión haréis lo que haréis', dijo a RAC1, aludiendo a que no hay control de fronteras.
Vila rechazó que engañaran a la gente: 'no creo que podamos utilizar la palabra engaño, pero si que es cierto que tengo compañeros de gobierno que han exhibido una ingenuidad que sorprende a la edad que tienen'.
Causas judiciales contra los independentistas
Entre tanto en España, la justicia seguía su curso contra los líderes independentistas.
El Tribunal Constitucional español suspendió cautelarmente este martes la declaración de independencia de Cataluña.
Además, el Tribunal Supremo citó como investigada a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, tras admitir la querella de la fiscalía que la acusa de rebelión y sedición por tramitar la declaración de independencia, informó esta martes una fuente judicial.
Finalmente, la Guardia Civil registró la sede central de la policía catalana y otras de sus comisarías en busca de sus comunicaciones en el día del referéndum inconstitucional del 1 de octubre, indicó a AFP un portavoz del cuerpo.
El papel de la policía catalana fue criticado por fuentes de la Guardia Civil que consideraron que no les ayudaron a cumplir con las órdenes de impedir el referéndum, prohibido por la justicia española.
La policía española cargó en varios centros electorales contra las personas que impedían su acceso para requisar urnas y papeletas en aquel plebiscito declarado ilegal.
Josep Lluis Trapero, destituido como jefe de la policía catalana en el marco de la intervención de Cataluña por parte del gobierno central tras la declaración unilateral de independencia, está en libertad provisional imputado de sedición.
Por ese caso, relativo a hechos ocurridos el 20 de septiembre cuando la policía se habría inhibido ante el hostigamiento a la policía española de centenares de manifestantes en Barcelona, están en prisión preventiva dos influyentes líderes de organizaciones independentistas.
