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El FC Barcelona lamentó este jueves el ingreso en prisión provisional dictado por la justicia española para ocho miembros del destituido gobierno catalán investigados de sedición y rebelión, añadiendo que este tipo de actuaciones 'no contribuyen a construir caminos de diálogo'.

'El FC Barcelona lamenta los encarcelamientos dictados hoy por la Audiencia Nacional, y expresa su solidaridad con los afectados y sus familias', afirmó el club azulgrana en un comunicado.

El Barça 'considera que actuaciones como estas no contribuyen a construir los caminos del diálogo y el respeto que siempre hemos defendido como entidad'.

'Ante la excepcionalidad de la situación actual, el FC Barcelona hace un llamamiento a la serenidad y reitera, una vez más, su compromiso con las libertades y los valores democráticos, para construir puentes que ayuden a resolver este conflicto de manera consensuada, pacífica y política', concluye la nota del club azulgrana.

El Barcelona ya se había posicionado anteriormente en favor del diálogo para resolver la crisis catalana, y el pasado 21 de octubre, el presidente del club, José María Bartomeu, había mostrado su 'apoyo absoluto' a las instituciones catalanas.

'El Barça siempre ha estado al lado del pueblo de Cataluña y de sus instituciones. Así que hoy, ante la aplicación del artículo 155 (de la Constitución Española), debemos reiterar nuestro apoyo absoluto a las instituciones democráticas de Cataluña escogidas por sus ciudadanos', había afirmado Bartomeu en la asamblea de socios, poco antes de que el gobierno español destituyera al ejecutivo independentista catalán.

La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), decretó este jueves el ingreso en prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno catalán, sospechosos de sedición y rebelión, tras proclamar la independencia de Cataluña.

Pero concedió la libertad provisional bajo fianza para el noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.

La magistrada aludió, para argumentar su decisión, al alto riesgo de fuga recordando el viaje del destituido presidente catalán Carles Puigdemont a Bruselas, contra el que podría pedir pronto una orden de detención internacional.