El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, convocó este miércoles por decreto a una consulta popular con la que pretende suprimir la reelección indefinida aprobada por su antecesor Rafael Correa, convertido en su enemigo político.
Moreno tomó la decisión alegando que la Corte Constitucional, que tenía 20 días para decidir si aceptaba o no la consulta y sus siete preguntas, superó el tiempo establecido para pronunciarse. El mandatario había presentado la propuesta el 2 de octubre.
'Porque es el derecho del pueblo, y porque me ampara el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE (Consejo Nacional Electoral) los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular. ¡Vamos por un SÍ rotundo!', escribió Moreno en su cuenta de Twitter.
La secretaria jurídica de la presidencia, Johana Pesántez, fue la encargada de presentar los decretos del gobernante ante la máxima autoridad electoral. El CNE deberá definir la fecha para la consulta popular, que además planteará la inhabilitación de por vida a políticos condenados por corrupción.
La funcionaria precisó que transcurridos los 20 días sin una resolución se considera que el dictamen es favorable. 'Lo que la Corte Constitucional en este momento realice ya no tiene validez alguna', declaró a la prensa Pesántez.
Asimismo, reclamó que 'esta convocatoria al pleno del Consejo Nacional Electoral sea conocida de forma inmediata'.
La propuesta de Moreno es considerada por Correa como una maniobra para desmontar su legado e inhabilitarle como candidato. Antes aliados, el expresidente y su sucesor mantienen una disputa por el control del partido Alianza País y se han lanzado duras críticas.
En 2015, el Congreso controlado por el oficialismo aprobó enmiendas constitucionales impulsadas por Correa, dando luz verde a la reelección indefinida a partir de las elecciones de 2021.
La consulta popular propone también cesar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano creado por Correa para nombrar autoridades de control y electorales.
Otras preguntas plantean la eliminación de la ley que imponía impuestos a la especulación inmobiliaria, reducir el área de explotación petrolera en la reserva amazónica protegida del Yasuní o restringir la minería en áreas protegidas.
