El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, exigió este lunes al gobierno indemnizar a las familias del sublevado expolicía Óscar Pérez y seis compañeros, muertos en un operativo para su captura que califica de 'masacre'.
'El Estado está en obligación de indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos', dijo la diputada opositora Delsa Solórzano, quien preside una comisión parlamentaria para investigar la operación policial y militar del lunes pasado.
'Los hijos de los masacrados tienen que ser debidamente indemnizados, así como los deudos, las viudas, los padres. Estamos requiriendo a los organismos correspondientes que garanticen estas medidas', agregó Solórzano.
El Legislativo es desconocido por el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara 'nulas' todas sus decisiones por 'desacato' en 2016. Una oficialista Asamblea Constituyente que desde el pasado agosto rige en el país como suprapoder aprueba las leyes.
Pérez, acusado de 'terrorismo' y declarado 'el criminal más buscado' en el país petrolero, se alzó contra Maduro en medio de protestas opositoras que dejaron 125 muertos entre abril y julio de 2017.
El 27 de junio atacó, desde un helicóptero de la policía científica, el TSJ y el Ministerio de Interior con granadas y armas de fuego, sin víctimas. El 18 de diciembre amordazó junto con sus aliados a militares en un cuartel y robó fusiles y municiones.
Solórzano denunció que Pérez y cinco de sus aliados abatidos murieron por disparos en la cabeza. La única mujer del grupo, acotó, falleció por un balazo en la cervical.
'Hay un patrón. Hay jurisprudencia suficiente (...) que señala que cuando hay este tipo de patrones hay ajusticiamiento', sostuvo la diputada.
El Parlamento llamó a declarar por el caso al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y al comandante de la militar Guardia Nacional, Richard López Vargas. Citaciones previas a altos funcionarios, incluido Maduro, han sido ignoradas.
Una pequeña concentración en rechazo a la muerte de Pérez se desarrollaba este lunes en Caracas, a las afueras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país.
