Tras cuatro décadas de atentados, secuestros y extorsiones, la organización separatista vasca ETA anunció este miércoles por carta que 'ha disuelto completamente todas sus estructuras', y advirtió que continúa la confrontación política con el Estado español y el francés.
La organización, que en 2011 renunció definitivamente a la violencia acogotada por los golpes policiales en España y Francia y anunció su desarme hace un año, hizo el anuncio en una carta fechada el 16 de abril y difundida por varios medios de comunicación.
Adelanta así el contenido de un video que se espera sea publicado el jueves por la BBC y que será el anuncio definitivo.
La disolución supondrá la desaparición de la última insurrección armada de Europa occidental, pero deja flecos sueltos, ya que queda pendiente la situación de sus cerca de 300 presos desperdigados por ambos países, y las asociaciones de víctimas exigen que se esclarezcan cientos de crímenes.
'ETA ha decidido dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política', indica la organización en la carta, fechada el 16 de abril.
La organización, considerada como terrorista por la UE, dice querer abrir 'un nuevo ciclo político' en el País Vasco, donde la coalición independentista Bildu es la segunda fuerza parlamentaria por detrás del gobernante PNV, nacionalista pero no separatista.
Creada en 1959, durante la dictadura franquista, señala que la disolución 'cierra el ciclo histórico de 60 años de ETA'.
Pero subraya que el anuncio 'no supera, en cambio, el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia', donde reclamó la independencia del País Vasco francés.
Un alto funcionario del gobierno vasco precisó a AFP que la carta no supone el anuncio definitivo de la disolución de ETA, y que éste tendrá lugar este jueves, seguramente a través de un video a la BBC.
'Es una carta que ETA ha enviado con antelación a personalidades y entidades que participaron hace siete años en la declaración de Aiete', una conferencia internacional que propició en octubre de 2011 el cese definitivo de la lucha armada por parte de la banda.
Según él, el propósito de la carta es asegurar a esos actores, entre ellos el ex secretario general de la ONU Kofi Annan y el ex líder del Sinn Féin norirlandés Gerry Adams, 'que su decisión [de disolverse] va en serio'.
Las víctimas, descontentas
Por su lado, el colectivo de víctimas COVITE, en una conferencia de prensa en San Sebastián, manifestó este mismo miércoles su descontento por la manera de disolverse de ETA.
'Este no es el final de ETA que queríamos (...) debía de haber sido diferente', dijo Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE y hermana de Gregorio, político vasco conservador asesinado por la organización en 1995.
La asociación de víctimas exige que se 'evite poner a cero los contadores de los 853 asesinatos cometidos' por ETA y grupos afines, e insiste en que quedan por esclarecer 358 crímenes.
Pide también que los miembros de la organización 'asuman su responsabilidad histórica y criminal', y 'reconozcan públicamente que España cuenta con un indudable sistema democrático que ETA trató de obstaculizar' con su violencia.
El gobierno conservador de Mariano Rajoy se ha mostrado mientras tanto firme y asegura que no habrá ventajas para ETA, que entre otras cosas pide un reagrupamiento de sus presos cerca del País Vasco.
'No cabe contraprestación alguna porque nada le debemos', escribió el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, este martes en el diario El Mundo.
Según él, a pesar de la disolución 'no habrá impunidad', y las fuerzas policiales 'seguirán persiguiendo a los terroristas y trabajando para esclarecer los asesinatos que quedan por resolver'.
Además de los muertos -la gran mayoría tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975-, Euskadi Ta Askatasuna (patria y libertad, en vasco) extorsionó a empresarios y llevó a cabo secuestros para financiarse.
Durante lo que los nacionalistas denominan 'conflicto vasco' hubo también una 'guerra sucia' por parte del Estado español de 1975 a 1987. El GAL, un grupo parapolicial, mató a 27 personas, un escándalo que llevó a prisión a dos altos funcionarios del gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
