El gobierno brasileño y los sindicatos de transportistas buscaban ayer una solución a la huelga de camioneros iniciada hace cuatro días que amenaza con una parálisis total a la mayor economía latinoamericana.
Los cortes de carreteras afectaron a 26 de los 27 estados brasileños (la única excepción fue el amazónico Amapá), con decenas de bloqueos en los más ricos del país, como Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, según la Policía de Carreteras (PRF).
Los reportes sobre el impacto del movimiento en los medios locales iban componiendo un panorama preocupante, a menos de cinco meses de las elecciones que deben decidir el nombre del sucesor del impopular presidente conservador Michel Temer.
Colas frente a las estaciones de servicio, aeropuertos con reservas de combustible al mínimo, disparada de precios de los carburantes y los alimentos, interrupción de la producción en fábricas de automóviles, miles de litros de leche derramada por imposibilidad de sacarla de sus lugares de producción y cierres de escuelas.
Las acciones de Petrobras se derrumbaron en torno al 14% en la Bolsa de Sao Paulo, un día después que la estatal accediera la víspera a reducir un 10% el valor del diésel durante dos semanas para facilitar el diálogo.
Los transportistas exigen la supresión de algunos impuestos sobre el diésel, cuyo precio ha sufrido aumentos diarios. El alza no tuvo red de contención, debido a que desde fines de 2016 Petrobras alineó su política de precios a las variaciones del mercado internacional.
