La ciudad de Masaya comenzó a enterrar ayer a sus muertos por la represión que ha sufrido a manos de las fuerzas gubernamentales, las cuales mantienen su asedio contra la población, que se declaró en rebeldía contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Tres personas murieron la víspera en Masaya, 35 kms al sur de Managua, y uno más falleció en enfrentamientos en Estelí, 110 kms al norte, lo que elevó a 187 el número de víctimas fatales desde que el 18 de abril estallaron las protestas contra el gobierno de Ortega, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
'Esto está horrible, ya no se puede vivir en paz, la gente se está muriendo por este gobierno que no se quiere ir', dijo a AFP Ramona Alemán, una ama de casa de 40 años, en el cementerio del norte de Masaya, donde ayer enterraban a Marvin López, muerto a tiros la víspera en una trinchera por un disparo de bala en la garganta.
El carpintero Edgar Taleno, de 35 años, contó cómo, junto con sus compañeros, tuvo que escabullirse entre los disparos de las fuerzas del orden para sacar el cuerpo de López.
'Esto es una anarquía total, pedimos a la comunidad internacional que nos apoye. Aquí ya no se puede vivir, están masacrando a un pueblo que no tiene armas', lamentó Taleno.
Entre tanto, turbas adeptas al gobierno quemaron la madrugada de ayer el hotel Masaya, denunció a la prensa su propietario, el dirigente del Movimiento Estudiantil 19 de Abril Cristian Fajardo.
'Entraron a mi negocio, regaron combustible dentro, a mi tío lo sacaron a golpes y le partieron la cabeza con culatas de las AK47 que portaban. Le perdonaron la vida y lo sacaron descalzo ensangrentado', narró Fajardo.
Una 'guerra civil'
Señalando a los grupos alzados contra el gobierno, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, advirtió que el mandatario está 'comprometido en frenar esa ola terrorista, de crímenes de odio, secuestros, amenazas, intimidación'.
El ataque a Masaya ocurrió luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua suspendiera el lunes un diálogo a la espera de que el gobierno formalmente invite a un grupo de organizaciones internacionales para investigar los hechos de violencia.
Esa convocatoria se había acordado entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el pasado viernes, luego de que el diálogo pasara varios días suspendido por el recrudecimiento de la violencia.
