El más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), publicado ayer, donde se detalla la crisis social por la que atraviesa Venezuela, califica de 'detención ilegal' la situación por la que atraviesan los 59 colombianos que desde hace 659 días están presos en Caracas, acusados por el presidente Nicolás Maduro de tramar una supuesta conspiración para desestabilizar su gobierno.
La Acnudh describe en su informe que 'documentó una serie de entrevistas con las víctimas' entre el 16 y 19 de enero de 2018, quienes señalaron que fueron detenidas en varios operativos de seguridad denominados por el gobierno de Maduro como ‘Operación de Liberación del Pueblo’ (OLP).
'Todos fueron encarcelados en el mismo calabozo precario de la policía, en condiciones extremadamente difíciles. No veían la luz natural y recibían muy poca comida, generalmente comían solo una vez al día. Sus familias debían, de hecho, llevarles la mayor parte de los alimentos, pese a que estas estaban padeciendo las penosas condiciones socioeconómicas reinantes en el país y, en muchos casos, habían perdido su sostén económico. Si bien la jueza ordenó someterlos a exámenes médicos, los reclusos no fueron transferidos a la medicatura forense', detalla el informe que fue titulado ‘Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin’.
Explica el documento en el apartado ‘Detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso’ que al comienzo eran 61, 'pero un hombre y una mujer fueron liberados por razones humanitarias. Poco después de su liberación, el hombre murió de insuficiencia respiratoria aguda provocada por una infección respiratoria'.
Cabe destacar, que 54 de los detenidos son provienen de la Costa Atlántica, en su mayoría desplazados del conflicto armado del país, alegan además sentirse abandonados por su país.
Libertad incondicional
El 21 de noviembre de 2017, un juez ordenó la puesta en libertad incondicional de los detenidos dado que nunca habían sido objeto de una orden de detención y no habían sido detenidos en flagrante delito; sin embargo, recalca el informe que al momento de redactarse el documento 'no habían sido puestos en libertad'.
La Cancillería colombiana dice que han remitido más de 40 notas diplomáticas a distintas instancias de la Administración venezolana sobre la situación de los detenidos, pero que no ha recibido respuesta a ninguna.
De igual forma, este caso, que ha sido denunciado por este medio en más de 20 notas periodísticas en este medio, provocó las intervenciones y reacciones de las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que pidieron al Gobierno de Colombia tomar acciones 'contundentes' para lograr la liberación de estos ciudadanos, pero los esfuerzos diplomáticos no han surtido efecto.
Pide una investigación
De igual manera, el alto comisionado de la ONU tildó de 'lamentable' la crisis en Venezuela y pidió crear una comisión de investigación y abogó por una mayor 'implicación' de la Corte Penal Internacional (CPI).
'El fracaso en que no se haga responsable a las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos tan graves sugiere que el estado de derecho está prácticamente ausente en Venezuela', dijo Zeid Ra'ad Al Hussein, tras la divulgación del informe
Zeid pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca una comisión de investigación del más alto nivel para Venezuela y recomendó que la CPI se 'implique' más en los casos de abusos donde no hay respuesta del Estado.
