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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el miércoles a la OEA exigir al gobierno de Nicaragua acabar con la represión de las protestas opositoras, que según el último balance del organismo dejan 264 muertos y más de 1.800 heridos en casi tres meses.

'La CIDH hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y le exija al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando', dijo el secretario ejecutivo de la comisión, Paulo Abrao. 

Abrao destacó ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) 'la profundización de la grave crisis de derechos humanos' por las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, que sacuden al país desde el 18 de abril.

El gobierno nicaragüense debe 'garantizar las protestas pacíficas' previstas en los próximos días, dijo Abrao, tras condenar y pedir esclarecer las agresiones el lunes a miembros de la Iglesia Católica, mediadora en el diálogo entre oficialismo y oposición.

El secretario ejecutivo señaló el agravamiento de la situación en Nicaragua reportado por el mecanismo especial de seguimiento de la CIDH (MESENI), instaurado en Managua a fines de junio.

'El MESENI observó con preocupación una profundización y diversificación de las formas de represión contra la población manifestante y opositora, así como contra quienes se encuentran en los tranques y/o barricadas en forma de protesta y contra quienes colaboran de cualquier forma con ésta, incluyendo familiares y vecinos', dijo.

La CIDH detectó 'un patrón de uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas y arbitrarias', y ahora, 'una nueva modalidad de represión' vinculada a la toma de tierras por parte de grupos organizados, que invaden propiedad privada para intimidar a la población, dijo Abrao.

Desde su visita al país en mayo, la CIDH, ente autónomo de la OEA, pidió al Estado nicaragüense proteger la vida de 69 personas y sus familiares.

'Embates terroristas'

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, presente en la sesión de la OEA, rechazó categóricamente el informe de la CIDH, tildándolo de 'apresurado, prejuiciado y carente de objetividad'.

'El pueblo nicaraguense ha sufrido los embates terroristas de grupos políticos internos y externos, a los que se ha sumado el crimen organizado trasnacional con el fin de realizar un golpe de Estado y el cambio del gobierno legítimo del presidente Ortega', dijo.

Venezuela se hizo eco, denunciando las 'atrocidades' cometidas por 'minorías violentas'.

'El papel de la comunidad internacional es el de defender al gobierno legítimo de Nicaragua en sus esfuerzos por mantener la paz', dijo la representante del gobierno de Nicolás Maduro, Sara Lambertini.

Pero varios países, entre ellos Estados Unidos, México, Colombia y Chile, expresaron su 'enérgica' condena a la violencia en Nicaragua, urgiendo a ponerle fin.

'Es el gobierno de Ortega que, todos los días, renueva su directiva de matar a su pueblo para permanecer en el poder', dijo el embajador estadounidense Carlos Trujillo.

Washington sancionó la semana pasada a tres funcionarios nicaragüenses cercanos a Ortega bajo la llamada 'ley Magnitsky', que permite castigar a quienes hayan cometido abusos de derechos humanos o actos de corrupción en otros países.

Elecciones anticipadas

Para Estados Unidos, las elecciones anticipadas son 'el camino más constructivo' para resolver la crisis, afirmó Trujillo.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció a favor de adelantar los comicios, subrayando la necesidad de un proceso electoral 'limpio y transparente'.

'Sigue siendo esencial trasladar el conflicto de las armas a las urnas', dijo Almagro, y subrayó que el gobierno nicargüense tiene en sus manos esa 'posibilidad'. 

El canciller Moncada, sin embargo, se opuso abiertamente a esa posibilidad, llamando al 'diálogo' como única opción.

'No podemos sentar precedentes en el seno de esta organización de cambiar gobiernos ipso facto, de la noche a la mañana, planteando rupturas del orden constitucional, que le mucho le han costado a América Latina y el Caribe', dijo.

Las protestas en Nicaragua se iniciaron contra una reforma del seguro social, pero derivaron en la exigencia de la partida de Ortega, que dirige el país desde el 2007 tras sucesivas reelecciones, amañadas según la oposición.