Un juez federal de Manhattan liberó el martes por la noche al ecuatoriano indocumentado arrestado hace casi dos meses por los servicios de inmigración en una base militar de Nueva York, donde había ido a entregar una pizza.
El magistrado consideró que las medidas tomadas, antes de su arresto, por Pablo Villavicencio para obtener su regularización con el apoyo de su esposa, que es ciudadana estadounidense, deben llegar a término y justifican su liberación.
Arrestado el 1 de junio en la base de Fort Hamilton, en el extremo sur de Brooklyn, adonde ya había realizado varias entregas antes, el ciudadano ecuatoriano de 35 años estuvo detenido durante 54 días, esperando una decisión sobre su posible deportación.
En una audiencia el martes, el juez Paul Crotty cuestionó abiertamente los motivos para deportar a un hombre que había iniciado el trámite para obtener un permiso de residencia, actualmente en consideración.
'¿Existe el concepto de justicia aquí o lo hacemos porque nos da la gana?', preguntó el magistrado. '¿Dónde está el daño al país?', agregó.
En la orden de liberación, Crotty aseguró que 'a pesar de que se quedó en Estados Unidos de forma ilegal' y actualmente está sujeto a una orden de expulsión 'ha sido un ciudadano modelo'.
'Ahora tiene dos hijos, ambos son ciudadanos de Estados Unidos. No tiene antecedentes penales. Ha pagado sus impuestos. Y ha trabajado diligentemente para mantener a su familia', añadió.
'La ley, la humanidad y la moral han prevalecido hoy', comentó Adriene Holder, abogada de Villavicencio y miembro de una sociedad de asistencia legal.
Para ella, la decisión del martes 'constituye la afirmación de que los tribunales aún pueden ejercer control sobre el Ejecutivo cuando pasa por encima de las leyes y los principios'.
Alentados por el endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump, los servicios de inmigración (ICE) han aumentado desde principios de 2017 el ritmo de sus inspecciones en empresas y locales en busca de personas en situación ilegal.
Recientemente, adoptaron una directiva que autoriza a sus agentes a interrogar a inmigrantes indocumentados en los propios recintos de los tribunales, hasta ahora considerados como santuarios.
El Parlamento de Nueva York tendrá pronto a consideración un proyecto de ley para evitar los arrestos en un tribunal.
