La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) apeló el viernes un fallo judicial en Estados Unidos que permitiría a una compañía minera canadiense confiscar acciones de la filial estadounidense de la petrolera, Citgo, como pago de una deuda de 1.200 millones de dólares.
El caso data de 2011, cuando el gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez nacionalizó una mina que había sido concedida a Crystallex, pero no indemnizó a la empresa a pesar de un acuerdo alcanzado en un panel de arbitraje internacional.
El juez federal estadounidense Leonard Stark dictaminó el jueves que Crystallex podía cobrarse la deuda quedándose con acciones de Citgo, subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos.
La corte no ordenó aún cuándo se podrá hacer efectiva su decisión.
En la argumentación del fallo, conocida el viernes, el juez rechazó el argumento de PDVSA de que es una entidad independiente del gobierno venezolano y no debería ser considerada responsable, favoreciendo en cambio la afirmación de Crystallex de que Citgo es un 'alter ego' del gobierno.
Consultado por periodistas, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, se negó el viernes a hacer comentarios sobre el caso.
La decisión es otro golpe para el gobierno de Nicolás Maduro, asediado por el colapso de la otrora próspera nación petrolera, ahora en default.
Miles de venezolanos abandonan diariamente del país, la desnutrición y la escasez de medicinas son comunes y el Fondo Monetario Internacional dijo que la inflación podría superar el 1.000.000% este año.
Este fallo judicial podría abrir la puerta para que otros acreedores consigan cobrarse las deudas de Venezuela, que junto con PDVSA ha sido declarada en default parcial por varias calificadoras de riesgo debido a retrasos en los pagos de bonos de deuda.
PDVSA, considerada la joya de la corona de la economía venezolana, ha reducido la producción de crudo a su nivel más bajo en 30 años, en medio de deudas, acusaciones de corrupción y falta de inversión.
Perder Citgo, que además de refinerías tiene una vasta red de gasolineras en todo Estados Unidos, privaría al gobierno venezolano de una de sus últimas fuentes de ingresos extranjeros.
Pero Citgo, con sede en Texas, ya está en riesgo: casi 50% de sus acciones fue entregado por Venezuela a la rusa Rosneft como garantía de préstamos de 1.500 millones de dólares, y el resto sirve de respaldo para tenedores del bono 2020 de PDVSA.
La decisión del juez Stark afectó el viernes la cotización de bono PDVSA 2020, que se desplomó en el mercado internacional.
Estados Unidos, que ha impuesto sanciones financieras a Venezuela y PDVSA, autorizó a fines de julio que ciudadanos o entidades estadounidenses puedan realizar algunas transacciones sobre el bono PDVSA 2020. Esta excepción permitiría a los tenedores cobrarse el colateral sobre el posible impago, complicando aún más las finanzas de PDVSA.
Los bonos de PVDSA representan el 30% de la deuda externa de Venezuela, que se estima en unos 150.000 millones.
