La fiscalía española solicita penas de hasta 25 años de prisión para los líderes independentistas catalanes acusados de rebelión y malversación por el intento de secesión de 2017, según su escrito de acusación difundido este viernes.
La mayor petición recae sobre el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, encarcelado hace justo un año por presuntos delitos de rebelión y malversación, al ser el principal dirigente presente en el juicio en el Tribunal Supremo contra 18 líderes separatistas.
Su criterio discrepa del posicionamiento del gobierno español de Pedro Sánchez (PSOE) que, a través de la abogacía del Estado, reclamó penas de hasta 12 años para los implicados al entender que no utilizaron la violencia para conseguir su propósito.
El juicio debe empezar a principios de 2019, más de un año después de que los líderes catalanes intentaran separarse de España, en octubre de 2017, organizando un referéndum ilegal de autodeterminación y proclamando infructuosamente una república independiente.
En él no estará Carles Puigdemont, el entonces presidente del gobierno regional, que se encuentra exiliado en Bélgica y quedó fuera de la causa porque la justicia española no juzga en ausencia.
Después de Junqueras, las peticiones de penas más altas son de 17 años para la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural.
La fiscalía también reclama 16 años para cinco ex consejeros del gobierno actualmente encarcelados por rebelión, 7 años para otros tres acusados únicamente por malversación, y multas económicas para seis parlamentarios acusados de desobediencia.
Discrepancia sobre la violencia
En un comunicado, la fiscalía acusa al gobierno y Parlamento regionales, en colaboración con ANC y Omnium Cultural, de desplegar un 'plan orquestado' para 'declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio'.
Según su escrito, el gobierno se encargó de organizar el referéndum y preparar la administración para asumir las funciones de un Estado, mientras el Parlamento facilitaba la tramitación de leyes 'abiertamente inconstitucionales' que le dieran una cobertura legal a la secesión.
Por su parte, las asociaciones animaban 'la movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de esa nueva república'.
'El plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluía (...) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido', asegura la fiscalía.
Para justificar este uso de violencia, evoca la capacidad de movilización del independentismo, la resistencia de los votantes ante las duras cargas de la policía durante el referéndum y el control sobre los 17.000 agentes del cuerpo regional de policía.
En una causa distinta, la fiscalía reclama para la cúpula de este cuerpo policial, los Mossos d'Esquadra, entre cuatro y once años en el caso de su exdirigente Josep Lluís Trapero, acusado de rebelión.
En el código penal español, este delito implica la existencia de un alzamiento 'público y violento', extremo que rechazan los independentistas y que destacados juristas españoles ponen en duda.
'La fiscalía no podrá mentir permanentemente', tuiteó desde la cárcel Jordi Sánchez, pidiendo a los militantes una 'respuesta digna y no violenta'.
La abogacía del Estado, que representa en la causa al gobierno español, sustituyó el delito de rebelión por el de sedición, que implica también un alzamiento público pero sin violencia.
En su escrito de acusación reclama penas de 12 años para Junqueras, 11 para el resto de exintegrantes del gobierno encarcelados y ocho para Forcadell, Sánchez y Cuixart.
La oposición de derecha acusó a Sánchez de ceder ante los independentistas, a quienes necesita para aprobar los presupuestos estatales y con quienes negocia una solución a la enquistada situación.
'Un rehén de los golpistas está deslegitimado para seguir presidiendo el gobierno', tuiteó el líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, reconoció que existe 'un debate jurídico (...) incluso un debate social sobre qué ocurrió en Cataluña entre los meses de septiembre y octubre del año pasado'.
El cambio del cargo de rebelión por sedición no se trata de un 'gesto' político, sino que obedece a 'criterios técnico-jurídicos', defendió.
