El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo ayer que no indultará a presos en su gobierno, en medio de críticas por posibles favorecimientos a condenados por corrupción y denuncias por malos tratos a prisioneros comunes.
Un indulto presidencial concedido por la Navidad por el gobernante Michel Temer en 2017 generó polémica al considerarse que podría haber favorecido a condenados por corrupción, según la propia Fiscalía General. Temer otorgó el beneficio a quienes hubieran cumplido un quinto de la pena en caso de crímenes sin violencia o amenaza grave.
Las autoridades ahora evalúan las condiciones del nuevo decreto que daría Temer en diciembre de 2018, al final de su mandato, y que se prevé sea más riguroso que en navidades anteriores.
'Atacar fuertemente el tema de la violencia y criminalidad fue uno de nuestros principales compromisos de campaña. Les garantizo que si hay indulto para criminales este año, ciertamente será el último', tuiteó el ultraderechista Bolsonaro.
El indulto es una atribución presidencial prevista en la Constitución que se aplica siguiendo condiciones puntuales como buen comportamiento y cumplimiento de parte de la pena o temas de salud. No son contemplados personas que cometieron crímenes graves o violentos.
Tortura física y psicológica
Las cárceles brasileñas son escenarios constantes de motines, peleas y fugas, principalmente motivadas por hacinamiento, condiciones precarias y peleas entre facciones rivales.
Un departamento del Ministerio de Derechos Humanos divulgó un informe sobre las condiciones en tres cárceles de los estados Rio Grande do Norte, Roraima y Amazonas (norte de Brasil), escenarios de masacres en los dos últimos años.
En Alcaçuz, en Rio Grande do Norte, los presos están siendo sometidos a torturas y grave violencia física y psicológica con 'serias semejanzas' a las que sufren reclusos de la internacionalmente conocida prisión Abu Ghraib, en Irak, según los peritos.
De acuerdo con el informe, hay indicios de desaparición forzada, humillación, uso desproporcionado de fuerza, anulación psicológica, desnudez, golpes, dedos fracturados y asfixias en la prisión en donde 26 presos murieron en una masacre en enero de 2017.
