Cuando está a punto de abrirse el histórico proceso contra 12 separatistas catalanes por la tentativa de secesión de Cataluña, el Estado español ha salido en defensa de la independencia de su sistema judicial, sabedor de que existe un problema de imagen.
Los separatistas califican de 'farsa' el proceso ante el Tribunal Supremo que se llevará a cabo hoy, y no son los únicos en poner en duda la independencia de la justicia española.
La oposición de derechas acusa al gobierno socialista de presionar a los magistrados, y varios tribunales europeos se han mostrado reticentes a secundar sus decisiones.
En respuesta, el gobierno entregó recientemente a la prensa extranjera un voluminoso dossier para demostrar que la justicia española es tan virtuosa como la de los países europeos vecinos, apoyándose en clasificaciones de la Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la oenegé Transparencia Internacional.
Si la justicia no fuera independiente no habría enviado a prisión por corrupción a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, ni habría provocado la caída del gobierno conservador de Mariano Rajoy investigado sobre la financiación ilegal de su partido, resalta el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Según lamenta, hay una 'gran campaña de desprestigio de la institución judicial española'.
Con todo, Madrid reconoce que hay un problema de imagen. En términos de percepción de independencia del poder judicial por parte de la gente, España se sitúa en 23ª posición de los 28 países de la UE, según la Comisión Europea.
'Haremos que quien acabe sentado en el banquillo de los acusados sea el Estado', lanzó desde la prisión el principal acusado, Oriol Junqueras, exvicepresidente del gobierno regional catalán. Según él, las audiencias permitirán 'desmontar esta farsa' que es el juicio.
