Barcelona fue escenario este martes de una batalla campal entre policía e independentistas catalanes, denunciada contundentemente por el gobierno español, en el segundo día de protestas en la región por la condena a prisión de nueve líderes separatistas.
Por la noche, contenedores ardiendo iluminaban el elegante paseo de Gracia barcelonés. Algunas calles aledañas estaban cortadas por barricadas y se producían carreras de policías y manifestantes que les lanzaban petardos, botellas y objetos en llamas, constató un periodista de la AFP.
En la televisión regional se vieron también enfrentamientos en ciudades como Girona, Tarragona o Lleida, donde se habían convocado concentraciones con velas frente a las respectivas sedes de las delegaciones del gobierno español.
'La violencia de esta noche está siendo generalizada en todas las protestas', denunció el gobierno español de Pedro Sánchez en un comunicado.
'No estamos ante un movimiento ciudadano pacifico, sino coordinado por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña', añadió.
Un total de 74 personas requirieron atención médica, 37 en Barcelona, según fuentes sanitarias. La policía informó de 4 detenciones, 3 de ellas en esta ciudad.
La manifestación en la metrópolis catalana fue la más numerosa, con 40.000 personas en los alrededores de la delegación de gobierno, según la policía municipal. La situación estalló cuando cientos de personas, muchos con la cara tapada, lanzaron objetos contra el cordón policial que protegía el edificio.
'Lo veo peor, mucho peor que hace dos años' cuando hubo el intento de secesión en esta región, decía Pedro Mayor, responsable de seguridad de un hotel del paseo de Gracia. 'El problema es que esto va a ir a más', añadió.
'Es imparable la movilización, esto va a seguir', advertía Javier Martínez, un empleado de banca de 60 años en la protesta de Barcelona. 'Hay que intentar forzar que haya un diálogo y que el Estado se siente a hablar', añadía.
Asedio al aeropuerto
Las protestas habían comenzado en la víspera, luego de conocerse la condena contra nueve líderes separatistas a entre 9 y 13 años de prisión por el intento de secesión de 2017.
Convocados por una misteriosa asociación Tsunami Democrático, de impulsores desconocidos, unas 10.000 personas según el gobierno español, acudieron en vehículos, transporte público o a pie para bloquear hasta bien entrada la noche los accesos a la terminal.
Durante horas se enzarzaron contra la policía, que cargó repetidamente y disparó balas de goma y de espuma. 115 personas requirieron atención médica, entre ellas un manifestantes que perdió la visión de un ojo por una herida 'compatible' con los proyectiles policiales, según fuentes sanitarias.
Además, alrededor de 150 vuelos fueron suspendidos entre lunes y martes, muchos viajeros perdieron su avión y cientos se quedaron varados en el aeropuerto de esta turística ciudad.
La movilización continúa el miércoles con el inicio de unas marchas desde diferentes puntos del territorio que el viernes deben converger en Barcelona, coincidiendo ese día con una 'huelga general'.
Madrid no contempla indultos
Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberación, los jueces del Tribunal Supremo condenó por sedición a nueve de los doce juzgados, considerando que participaron de una sublevación para impedir la aplicación de la ley en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la fallida declaración de independencia posterior.
La peor parte se la llevó el ex número dos del gobierno separatista, Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición y malversación.
Tres antiguos consejeros (ministros regionales) recibieron 12 años; otros dos exconsejeros, 10 años y medio; la expresidenta del Parlamento regional, 11 años y medio, y dos líderes del activismo separatista, nueve años.
Además, tras la condena, la fiscalía lanzó una nueva orden de arresto por sedición y malversación basada en esos mismos delitos contra el expresidente regional Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica después del intento de secesión.
En preparación de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, el gobierno socialista de Pedro Sánchez mostró firmeza ante los separatistas.
Las condenas serán cumplidas íntegramente, dijo Sánchez, mientras su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó 'indulto alguno'.
Aun así, la ley prevé la posibilidad de acordar permisos de salida en pocos meses para los dos activistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La decisión depende de la administración regional, en manos independentistas.
La cuestión de la independencia mantiene divididos a los 7,5 millones de habitantes de esta rica región nororiental. Según un sondeo publicado en julio por un instituto del gobierno regional, un 44% de catalanes apuesta por la secesión frente a un 48,3% en contra.
