La justicia brasileña autorizó el viernes la liberación del expresidente de izquierda Luiz Inácio lula da Silva, que cumple desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción.
Un juez de ejecución de penas determinó que ya 'no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia', después que la Corte Suprema decidiera el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.
El anuncio fue recibido con gritos de 'Lula, guerrero del pueblo brasilero' por centenas de personas congregadas frente a la sede de la Policía Federal donde el exmandatario (2003-2010) purga su pena.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmó poco antes que Lula tiene la intención de 'agradecer' a las personas que realizan una vigilia de apoyo en Curitiba 'desde hace 580 días' y que una de sus primeras actividades previstas será visitar el Sindicato de los Metalúrgicos de las afueras de Sao Paulo donde inició su carrera política.
La decisión de la Corte Suprema debe llevar a los tribunales a examinar la situación de unas 5.000 personas. No todas serán sin embargo liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
Los simpatizantes políticos del expresidente (2003-2010) no son los únicos que lo esperan con ansias. Su novia Rosángela da Silva, conocida como 'Janja', tuiteó tras conocerse el jueves la decisión del STF: '¡Mañana te voy a buscar! ¡Espérame!'.
Luz de esperanza
Un abogado de Lula, Cristiano Zanin, dijo que Lula 'está muy sereno'. 'La decisión de la corte suprema le dio una luz de esperanza de que pueda haber justicia. Nuestra batalla jurídica, nuestro foco, es obtener la nulidad del proceso', agregó.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras.
Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de la operación anticorrupción Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente (2003-2010).
Moro afirmó este viernes que la decisión de la suprema corte 'debe ser respetada', pero sostuvo que 'continuará' defendiendo la prisión después de una condena en segunda instancia. 'El Congreso puede, de todos modos, modificar la Constitución o la ley' para permitirlo de nuevo, agregó.
