El gobierno chileno se reunió este jueves por primera vez con organizaciones sociales desde que estallaran hace 42 días las protestas sociales, con episodios de violencia y saqueos que no cesan y sin un final a la vista.
Convocados por la administración de Sebastián Piñera, la reunión significó un primer acercamiento, sin que todavía se traduzca en un camino más concreto de negociación efectiva para desactivar una crisis que golpea fuerte a la economía chilena y hunde al peso a su mínimo histórico, obligando al Banco Central a intervenir el mercado cambiario por hasta 20.000 millones de dólares desde diciembre hasta fines de mayo.
El encuentro reunió a representantes del gobierno y de la llamada Mesa de Unidad Social, que reúne, entre otras, al Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores y la organización 'No+AFP', que busca poner fin al criticado sistema privado de jubilaciones (AFP).
'Hemos sido muy claros en que no estamos disponibles para una negociación a espaldas de la gente, que no es ese nuestro ánimo, que son ellos los que tienen que dar respuestas ahora a los planteamientos que se han hecho', dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores.
Sin líderes visibles, la Mesa de Unidad Social ha ido ganado terreno. Entre las peticiones de esta organización está un aumento del salario mínimo y reemplazar el sistema privado de pensiones, para dar paso a uno de reparto.
El ministro de Interior, Gonzalo Blumel,-que presidió la reunión- aseguró: 'Hemos concordado iniciar un diálogo en torno a los temas prioritarios de la agenda social', cuyos ejes fundamentales son los ingresos de trabajadores, protección de empleo, acceso a la salud y los medicamentos, junto a la reforma de las pensiones.
El Congreso, en tanto, revisaba una 'acusación constitucional' o juicio político en contra del exministro del Interior Andrés Chadwick, junto a varias reformas y leyes impulsadas por el gobierno para un mayor control del orden público, como un proyecto para sancionar a los encapuchados que causan desmanes y una que busca permitir a los militares resguardar infraestructura pública.
