Perú incrementó a partir de este miércoles el control laboral, 10 días después de que dos trabajadores de la cadena estadounidense de comida rápida McDonald's murieran electrocutados mientras limpiaban una máquina expendedora de bebidas.
Según la nueva norma gubernamental, que modifica la ley de salud y seguridad en el trabajo, las autoridades podrán hacer varias inspecciones al año verificar las condiciones laborales en lugar de una sola como ocurría hasta ahora.
La muerte de los dos trabajadores conmovió a la opinión pública e impulsó al presidente peruano, Martín Vizcarra, a anunciar esta norma para reforzar la seguridad laboral.
'Las medidas que hemos aprobado nos permitirán prevenir y controlar con mayor rigurosidad la seguridad y salud en el trabajo', dijo la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, citada por la agencia estatal Andina.
La cadena de comida rápida reabrió parcialmente algunos de los 29 locales que tiene en el país mientras la fiscalía investiga las causas que provocaron las muertes.
Dos protestas pacíficas se realizaron la última semana frente a un local emblemático de McDonald's en el distrito turístico de Miraflores reclamando justicia y mejores condiciones laborales.
Los dos trabajadores, un hombre y una mujer de 18 años, fallecieron la madrugada del domingo 15 de diciembre cuando limpiaban la cocina de un local en el distrito limeño de Pueblo Libre.
La policía había declarado el lunes que la muchacha sufrió la descarga eléctrica cuando manipulaba una máquina de gaseosas. Su compañero intentó ayudarla, pero también fue alcanzado por la descarga.
La operadora de la franquicia McDonald's en Perú admitió el sábado que una máquina expendedora de gaseosas con fallas causó el accidente laboral que le costó la vida a los dos trabajadores.
'Veinticuatro horas antes (del accidente) ya se sabía que la máquina presentaba problemas(...)', dijo al canal N de televisión el director general de Arcos Dorados, operadora de McDonald's en Perú, José Carlos Andrade.
A raíz del trágico accidente, la nueva norma redujo a 10 días la investigación en caso de muerte del trabajador en lugar de 30 días.
