Legisladores de Florida que buscan cerrar un vacío legal que permite comprar armas sin control de antecedentes avanzaron este martes una ley que impone obstáculos a los compradores de armas, como por ejemplo responder en un cuestionario si son criminales.
Según el texto de la ley SB7028, cuando se trata de transacciones privadas, el comprador deberá responder en un formulario si es un criminal, un fugitivo de la justicia, si consume drogas o si padece alguna condición médica que le impida poseer el arma.
Por el momento, no hay otros obstáculos en la compraventa de armas de persona a persona.
El borrador de ley sí contempla un control de antecedentes cuando la compra se hace en una de las numerosas 'ferias de armas' que tienen lugar en Florida. En ellas, actualmente sólo basta con ser un residente legal para comprar un arma o tener una licencia de cacería.
Fue gracias a este vacío legal que el cadete saudí que atentó en diciembre contra una base naval y aérea en el norte de Florida pudo comprar su arma: se había sacado una licencia de cacería, un trámite sencillo que se puede hacer en línea.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso lobby que aboga a favor de las armas en Estados Unidos, objetó con vehemencia el proyecto de ley aprobado por un comité del Senado de Florida, de mayoría republicana.
La ley aún debe pasar por la Cámara de Representantes y por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien está a favor de las armas.
La ONG Moms Demand Action, creada en respuesta a la epidemia de tiroteos masivos en Estados Unidos, saludó el proyecto de ley.
'Siempre es bueno que haya mayores controles de antecedentes en las ventas de armas, y espero que esta ley sea el primer paso para que se controlen los antecedentes en todas las ventas de armas', dijo Padrón Loewenstein, líder del capítulo de Florida de la organización.
Florida ha sido históricamente un estado laxo en materia de venta libre de armas, pero los legisladores debieron repensar sus estrategias luego de la masacre de 17 personas en una escuela en la ciudad de Parkland en 2018.
Tras el tiroteo, se aumentó de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas y se implementó una ley de 'alerta roja' que permite a la policía confiscar armas a personas sospechosas, entre otras medidas consideradas insuficientes por los activistas antiarmas.
