Las revelaciones sobre el alcance del espionaje en algunos países a través del programa Pegasus levantó una oleada de condenas en todo el mundo por el uso de este tipo de métodos de inteligencia militar en el rastreo de información privada de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos, entre otras víctimas.
A medida que avanza la investigación de un consorcio de medios internacionales, coordinados por la organización francesa Forbidden Stories y con apoyo técnico de Amnistía Internacional (AI), crece el escándalo y los gobiernos supuestamente implicados niegan con mayor vehemencia su relación en el uso ilegítimo del software de la firma tecnológica israelí NSO Group.
Según la investigación, los Gobiernos implicados enviaban a NSO Group los números de teléfono - más 50.000 celulares- para espiar a periodistas, altos cargos de empresas, activistas de derechos humanos, políticos, funcionarios, ministros, diplomáticos.
México encabeza la lista con unos 15.000 nombres, por lo que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema explicando que él ya no actúa como los Gobierno anteriores porque en su mandato no hay 'tortura, represión, masacres, corrupción, lujos en el Gobierno' y tampoco 'espionaje'.
