Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra altos funcionarios venezolanos, en respuesta a los episodios de represión y las violaciones de derechos humanos ocurridas en el último año en ese país a raíz de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que comenzaron en febrero de 2014.
Funcionarios estadounidenses le dijeron a la agencia de noticias Reuters que calificar a un país como amenaza a la seguridad nacional es el primer paso para iniciar una política de sanciones.
El presidente estadounidense, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva que 'implementa y amplía' las sanciones aprobadas por el Congreso a finales del pasado año y, además, declaró una situación de 'emergencia nacional' ante el 'riesgo extraordinario' que supone la situación venezolana para la seguridad de Estados Unidos.
'Determino que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de opositores (...) constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y declaro una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza', aseguró el mandatario en la orden.
Los sancionados
La lista de los 56 funcionarios sancionados por la ley aprobada en el Legislativo estadounidense el pasado diciembre no se ha hecho pública hasta el momento, aunque la Casa Blanca divulgó ayer el nombre de siete personas sobre las que recaen las sanciones.
Entre los sancionados, todos ellos vinculados de algún modo a las fuerzas de seguridad venezolanas, se encuentran Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela; y el exdirector de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio José Benavides Torres.
La lista la completan Justo José Noguera Pietri, excomandante General de la GNB; Katherine Nayarith Haringhton, fiscal nacional de la Oficina del Ministerio Público; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional; Manuel Gregorio Bernal Martínez, exdirector General del Sebin; y Miguel Alcides Vivas Landino, inspector General de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB).
Otro de los propósitos es persuadir al Gobierno de Nicolás Maduro para que tome medidas que permitan la libertad de reunión, expresión y el derecho a un juicio justo en Venezuela. Efe
