La Procuraduría General de la Nación (PNG) dio la orden de trasladar varios casos que involucran como presunto culpable al alcalde de Soledad, Franco Asís Castellanos Niebles, de la Procuraduría Provincial de Barranquilla a las de Santa Marta y de Cartagena.
Después de hacerlo, intentó trasladar a la procuradora. La funcionaria se quedó en el cargo, pero los procesos siguen siendo examinados fuera de la ciudad.
En concreto, el alcalde es señalado de presuntas irregularidades en la celebración de un proceso contractual que tuvo como fin seleccionar 'el contratista para el suministro, mantenimiento preventivo y correctivo e instalación a los sistemas de aires acondicionados de las distintas sedes de las instituciones educativas del municipio de Soledad'. El valor de este contrato es de 176 millones de pesos.
También fueron implicados en este proceso Indira González Estrada, secretaria general de la Alcaldía de Soledad, y Remberto Rafael Anillo Pereira, contratista de la Alcaldía y miembro del Comité Evaluador dentro del proceso contractual No. SG-SA.004-2012.
La Procuraduría General de la Nación formuló el pliego de cargos contra el alcalde el 1 de enero de 2012 por considerar que el mandatario habría omitido publicar la adenda de fecha 19 de julio de 2012, mediante la cual se modificó uno de los puntos del pliego de condiciones definitivo del proceso contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública a través del Portal Único de Contratación, conforme a lo exigido en la normatividad vigente.
Posteriormente, dos días después, a través de la Provincial Barranquilla, se formuló otro pliego de cargos contra el alcalde, involucrando también a la secretaria general de la Alcaldía, al asesor del mismo despacho, Yacip Alfonso Vergel Sánchez, y al contratista Remberto Rafael Anillo Pereira, por presuntas irregularidades en materia contractual, por 'presunto favorecimiento de intereses particulares en detrimento del patrimonio y la moralidad pública', en el suministro de muebles y equipos para las dependencias del Municipio, por valor de 300 millones de pesos.
Inicialmente, luego de formulados estos cargos, la PNG decidió trasladar, mediante decreto 5260 de diciembre de 2013 a la Procuradora Provincial de Barranquilla, Lorena Ibeth Mendoza, a Santa Marta, lo cual despertó el revuelo en los círculos judiciales y políticos, teniendo en cuenta que la procuradora llevaba escasos tres meses al frente del cargo en Barranquilla. El traslado fue cancelado. EL HERALDO conoció que la intención del traslado obedecía a una 'necesidad del servicio'. Al menos, esto fue lo que informó en su momento la PNG.
La orden de trasladar los procesos se había producido mediante otras dos resoluciones, la 585 y 586 de 2013 del 5 de diciembre de 2013, reasignando la competencia a las procuradurías de Santa Marta y Cartagena.
EL HERALDO intentó ayer obtener declaraciones de la Viceprocuradora General de la Nación Martha Isabel Castañeda Curvelo , del Procurador Alejandro Ordóñez, de la procuradora provincial Lorena Ibeth Mendoza y del mismo alcalde de Soledad, pero ninguno respondió.
'Se fragua una dilatación'. Quien sí las dio fue el concejal soledeño Brayan Orozco, para quien el intento de trasladar a la procuradora provincial y la orden de trasladar los procesos obedecen a un mismo fin: dilatarlos hasta que prescriban.
'¿Qué otra cosa puede uno pensar?', inquirió en diálogo con este medio, añadiendo que en las resoluciones mediante la cual se dispone el traslado de los procesos no se exponen ningún motivo válido, distinto a que es potestad de la Procuraduría, cuando así lo estime procedente la entidad, 'habilitar un funcionario especial para que aborde todos aquellos aspectos de la responsabilidad, ajenos a su competencia ordinaria, en razón a la importancia y trascendencia pública del hecho, en el trámite de la instancia'.
El concejal anunció además su intención de hacer todo lo que esté a su alcance para mantener vigente el proceso y llevarlo hasta su término 'así lo trasladen a la Amazonía', enfatizó.
