En un fallo de tutela fechado el pasado 14 de enero, la Corte Suprema de Justicia exhortó al Ministerio de Justicia, al Congreso y al Inpec a emprender acciones conjuntas y urgentes para acabar con el hacinamiento en las cárceles del país.
Con ponencia del magistrado Eugenio Fernández, falló a favor de la tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo del Magdalena, en representación de los internos de la cárcel de Santa Marta, contra la decisión del Tribunal Superior de Santa Marta del 19 de noviembre pasado
En su providencia, el Tribunal concedió parcialmente lo requerido por la tutela interpuesta contra el Ministerio del Interior, el Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y el director de la cárcel, que advierte que ese penal 'viene padeciendo desde hace varios años un alto grado de hacinamiento, pues cuenta con un total de 268 celdas, con capacidad para 337 personas, mas en la actualidad se encuentran recluidos 1149 internos, es decir, un 300 % más de la capacidad de lo presupuestado'.
Ante la demanda, el Tribunal, aunque ordenó al Inpec cumplir con las órdenes médicas de los internos, no concedió la protección a los mismos frente al alarmante hacinamiento de la penitenciaría, al considerar que no recibir más presos o trasladar a los actuales sería un 'remedio que resultaría afectando, por ejemplo, la seguridad y tranquilidad ciudadanas'.
Al respecto, en la tutela la Defensoría señaló que para solucionar el hacinamiento no habría que afectar la seguridad ciudadana.
Finalmente, en la sentencia, la Corte Suprema consideró que 'debe protegerse el derecho fundamental a la dignidad humana de los internos (...), concediéndole a los demandados las posibilidades de ampliar la oferta penitenciaria de tal establecimiento, bien sea remodelándolo o construyendo uno nuevo'.
Así mismo, ordenó 'a las autoridades accionadas que en el plazo improrrogable de dos meses definan un plan de trabajo a fin de que inicien las gestiones administrativas y presupuestales necesarias tendientes a mejorar o reubicar a los internos'. Y advirtió que en caso de remodelaciones o ampliaciones al penal, se dará un plazo de dos años, y si se trata de una obra nueva, de tres años.
