La juez 49 de Control de Garantías negó la sustitución de medida de aseguramiento por la de prisión domiciliaria solicitada por la defensa de Arcadio Tobía Martínez Pumarejo, al determinar que no concurrieron los presupuestos para adoptar tal decisión.
La togada consideró que a pesar de los planteamientos del abogado César Augusto Londoño, no han desaparecido las causales que originaron la privación de la libertad.
Si bien la funcionaria valoró los argumentos de Londoño y sus esfuerzos argumentativos, fundamentados esencialmente en la Ley 1709 de 2014 o nuevo Código Penitenciario, expresó que para su decisión no se podía dejar de lado la norma que convoca audiencias como la que presidió, en este caso el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal que habla de la sustitución de la detención preventiva.
La abogada se refirió a que la ley no admite análisis aislados y que su interpretación debe ser armónica con el ordenamiento jurídico.
La titular del despacho judicial estimó también que eventualmente Martínez Pumarejo podría obstruir a la justicia, dando la razón a las víctimas, la Fiscalía y el Ministerio Público, que habían advertido sobre la posibilidad de que el investigado pudiera manipular pruebas estando bajo detención domiciliaria.
Sin recursos. Las partes no manifestaron objeciones a la decisión judicial ni el defensor Londoño presentó recursos. En consecuencia, Martínez Pumarejo continuará recluido en la Cárcel Distrital de Bogotá a la espera de que el próximo mes de marzo se adelante la audiencia preparatoria del juicio que por el delito de soborno se realiza en su contra y de Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe.
Londoño aludió al Código Penitenciario como la norma más favorable para abogar por los intereses de Arcadio Martínez y por la que, según su interpretación, se puede colegir que la carga argumentativa de un imputado no puede ser mayor a la de un condenado al momento de solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento.
Dicho argumento fue rebatido por el representante del Ministerio Público, quien aseveró que los dos casos son distintos en vista de que un condenado, ante una sentencia en firme no tiene nada que obstruir, mientras que el procesado sí. Esta fue una de sus razones principales para solicitar a la juez la negación de la prisión domiciliaria a Martínez Pumarejo.
El representante de las víctimas, el abogado Wilson Caballero, alegó que en su intervención Londoño no mencionó que hubieran desaparecido las razones para que hoy Martínez esté privado de la libertad.
Así mismo, agregó que en los planteamientos de la defensa no se manifestaba un compromiso o una garantía del imputado para no obstruir a la justicia teniendo la casa por cárcel.
Más vehemente fue el abogado Abelardo de la Espriella, también apoderado de las víctimas, al asegurar que Martínez, al igual que Silvia Gette, tendría mayor libertad para cometer 'fechorías' si les llegasen a conceder la casa por cárcel. 'Si este individuo_ refiriéndose al acusado_ fue capaz de entrar a una cárcel de máxima seguridad para negociar un soborno con un jefe paramilitar, imagínese su señoría lo que puede hacer estando fuera', increpó.
Los voceros de la viuda y la hija del ganadero Fernando Cepeda, asesinado presuntamente por una orden de Gette, desestimaron el material que presentó el abogado Londoño para demostrar el arraigo social y familiar de su defendido, una de las condiciones estipuladas en la Ley 1709 para solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento. Norma que de todas maneras es aplicable según la discrecionalidad del juez competente.
Más de diez carpetas corrieron traslado a las partes, en las que César Augusto Londoño adjuntó documentos con las que quiso demostrar la honorabilidad de su representado. Entre los documentos se contaban certificaciones de una inmobiliaria, antecedentes disciplinarios, una condecoración, declaraciones de familiares y amigos, entre otros.
Abelardo De la Espriella denuncia amenazas de muerte. El representante de las víctimas volvió a denunciar un posible plan para asesinarlo, el cual estarían fraguando Arcadio Martínez y Silvia Gette. La aseveración la hizo en momentos en que presentó un material probatorio consistente en otras indagaciones que se han hecho contra Arcadio Martínez por su supuesta participación en delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.
El abogado Londoño instó a De la Espriella a que interpusiera las denuncias correspondientes si contaba con las pruebas, porque de lo contrario sus señalamientos resultaban temerarios.
La juez 49 pidió a las partes se ciñeran a la referencia de los argumentos que concitaron a la diligencia que finalmente falló en contra de las pretensiones de Arcadio Martínez Pumarejo.
