Alfredo Esquea Chávez, propietario del bus que se incendió en el municipio de Fundación el pasado 18 de mayo y dejó 34 personas muertas, se había refugiado en casa de un familiar de su esposa en el estado Zulia, en Venezuela.
Las autoridades venezolanas lo capturaron por inconsistencias en su documentación de extranjería y se percataron de que era buscado en Colombia.
Esquea se refugiaba en el sector Marcial Hernández, del barrio el Buen Vivir, en el municipio San Francisco, de acuerdo con fuentes en ese país.
En próximas horas será devuelto a territorio colombiano a través del puesto de control de Migración Colombia, en el corregimiento de Paraguachón, en La Guajira.
Contra esta persona pesaba una orden de captura expedida por un juez del Magdalena, pero no había sido posible hallarlo en Colombia.
Las autoridades en este país habían conocido que el dueño del automotor en el que murieron los niños había salido a Venezuela y por eso ya habían solicitado el apoyo de los venezolanos.
Hasta ayer el único funcionarios que se había pronunciado sobre el proceso de deportación de Esquea Chávez era el director de Migración en La Guajira, Miguel Romo, quien confirmó que sí se iba a realizar mas no tenía definido el día ni la hora en que arribaría a la frontera.
En cambio, el comandante de la Policía en La Guajira, coronel Alejandro Calderón Celis, dijo que no había sido notificado de la llegada del ciudadano y tampoco tenía encomendado recibirlo en el puesto de Migración.
La captura de Esquea, el miércoles anterior, coincidió con la audiencia pública en la que la Fiscalía General de la Nación dio lectura al escrito de acusación contra el chofer Jaime Gutiérrez Ospino y el líder evangélico, Manuel Salvador Ibarra, señalados responsables de la tragedia de Fundación.
La Fiscalía les había imputado homicidio simple con dolo eventual en concurso homogéneo y simultáneo, En la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Fundación, el fiscal Ronald Calderón le pidió al juez único penal del circuito de Fundación, Alfonso Saade, imponerles una pena de 44 años de prisión al considerar que en el hecho hubo un concurso de delitos de los cuales no pueden ser exonerados.
Reparación directa. La mayoría de las familias de las víctimas dieron poder a un abogado para que los represente legalmente en la demanda de reparación directa que entablarán contra el Estado.
El jurista Harold Penagos Barreto, quien se reunió con 19 poderdantes en el Palacio de Justicia de Fundación, detalló que la demanda administrativa está en proceso de elaboración y que la sanción que recientemente impuso la Superintendencia de Puertos y Transportes al Instituto den Tránsito de Fundación, Intrafun, 'allanó el camino para el reclamo'.
'Quedó claro que entre otras causas, la muerte de los 33 niños fue por la omisión en el deber por parte de este instituto', anotó.
Hace un mes la Superpuerto multó a Intrafun con 462 millones de pesos al considerar que no habría verificado la capacidad transportadora del vehículo y no haber realizado la debida seguridad, regulación y control del tránsito dentro del municipio de Fundación.
La sanción fue oficializada a través de la resolución 011432 del 29 de julio, con base en una investigación administrativa.
La demanda será presentada ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra entidades nacionales.
