La disputa que los hermanos Ivonne y Alberto Acosta sostienen con Soraya Corzo Pinto, viuda de su padre Gabriel Acosta Bendeck, va más allá de una denuncia penal por homicidio y el proceso para repartir la herencia del exsenador y fundador de la Universidad Metropolitana.
El otro trasfondo del pleito es el control de la Fundación Acosta Bendeck y sus dos joyas: la Unimetro y el Hospital Metropolitano. Sin contar que esta incluye también a la emisora La Voz de la Costa y la Corporación Politécnico. (30 bienes, el otro pleito entre hijos de Gabriel Acosta y su viuda)
El primer capítulo de la historia fue la muerte de Acosta Bendeck, el 10 de agosto del año pasado, a sus 84 años. El parte médico indicó que falleció por un infarto derivado de un accidente casero. (Falleció el exsenador Gabriel Acosta Bendeck)
Pasaron cuatro meses para que el caso diera el giro: la denuncia que los hermanos Ivonne Acosta Acero y Alberto Acosta Pérez instauraron el 19 de diciembre ante la oficina de asignaciones de la Fiscalía en Barranquilla.
La queja motivó que la Fiscalía 18 de Vida, a cuyo despacho correspondió el caso por reparto, ordenara la exhumación del excongresista conservador. Como EL HERALDO lo reveló el martes pasado, la diligencia se realizó el viernes 30 de enero en el cementerio Jardines de la Eternidad, en la salida de Barranquilla hacia Cartagena.
En los días siguientes se conocieron las presuntas circunstancias que rodearon el deceso del médico otorrinolaringólogo –la profesión de Acosta–, expuestas por sus dos hijos en declaraciones que autenticaron en la Notaría Quinta de Barranquilla.
Fachada de la Universidad Metropolitana.
La petición para que investiguen si la muerte de Acosta fue violenta o natural está acompañada de señalamientos de los hermanos contra la viuda: contradicciones sobre cómo ocurrió la caída previa al fallecimiento; conflictos conyugales e infidelidad y 'ambiciones desmedidas' para apoderarse de la Fundación. 'Tenemos motivos fundados para considerar que no murió de muerte natural, sino violenta'; 'no hay certeza absoluta de su muerte (…) hay un diagnóstico de trauma craneoencefálico que no es claro y de unas lesiones en miembros superiores'; 'todo apuntaría a que fue víctima de un ataque y en defensa alzó los brazos para cubrirse el rostro', son algunos de los apartes de la denuncia.
Pero la otra cara de esta historia se refleja en la siguiente afirmación de los denunciantes: '(...) las ambiciones de la señora Soraya Corzo eran desmedidas, pretendió ser rectora de la Universidad Metropolitana, pero nuestro padre se opuso a ello'. ('Las relaciones tormentosas' de Soraya Corzo y Gabriel Acosta Bendeck) (La viuda de Acosta 'tenía ambiciones desmedidas', dice denuncia)
Asamblea irregular. Según los Acosta, Corzo registró en la Cámara de Comercio copia de un acta falsa de una asamblea de la Fundación. En el documento ella es designada secretaria y reemplazante de Acosta, si falta temporal o permanentemente. 'Lo que no es cierto', afirman.
EL HERALDO conoció los dos procesos en que se desvirtuó la fidelidad del acta y que, además, confirman el litigio económico que complementa el proceso penal surgido con la denuncia por el presunto delito de homicidio.
Una de las resoluciones que definió el pleito entre los Acosta y la viuda es la número 22, del 23 de septiembre de 2014, firmada por el jefe del departamento de Registros de la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB).
El caso se inició a los 17 días de fallecido el exsenador porque Corzo Pinto inscribió el 27 de agosto el acta número 1 del 9 de septiembre de 2010, 'correspondiente a la Asamblea Extraordinaria' de la Fundación.
Tras su notificación, Ivonne Acosta Acero apeló el 8 de septiembre esa inscripción como representante legal de la Fundación, de la cual Corzo fue nombrada tesorera el 24 de noviembre de 2008.
La hija del excongresista manifestó, entre otros hechos, que en el numeral uno se consignó: '(...) llamado a lista y verificación del Quórum, una vez llamado a lista contestó el Dr. Gabriel Acosta Bendeck cien por ciento de los convocados (sic)', pese a que 'en realidad no hubo ninguna convocatoria'. Y si hubo tal asamblea 'no se celebró con las formalidades necesarias y exigidas por la ley', insistió.
La Camcomercio definió que en el documento solo quedó constancia de la firma de la secretaria de la reunión, Corzo, mas no del presidente. Y aclara que tampoco consta que fuera firmada en el libro de actas de la Fundación, puesto que lo aportado al proceso fue 'una copia o extracto' del original.
'Los documentos que carecen de la firma del presidente y secretario de la reunión, o en su defecto del revisor fiscal, no tienen el carácter de actas del máximo órgano social (...)', señala un concepto de la Superintendencia de Sociedades citado por la CCB, que revocó el acta que intentó inscribir la viuda.
Tumba de Acosta en el lote 53 de Jardines de la Eternidad. (En imágenes, Gabriel Acosta Bendeck)
Por el hospital. La decisión de la Cámara de Comercio fue allegada a otro litigio ante la Gobernación, debido a que las corporaciones sin ánimos de lucro son vigiladas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y los entes territoriales.
En este caso, la abogada Soraya Corzo Pinto y su hija Yira Irina Acosta (adoptada por el exsenador) se opusieron a que Ivonne Acosta delegara a su hermano Alberto Acosta la representación legal del hospital.
La Gobernación estableció en su análisis 'dos inconsistencias' del acta No. 1 del 9 de septiembre de 2010:
Una, que la designación de Corzo no era vitalicia y ella se pondría al frente de la Fundación solo por falta o ausencia del representante legal, mas no del fundador, cargo que heredó Acosta Acero como vicepresidente. Y la otra fue la misma que determinó la CCB: la ausencia de la firma de Acosta Bendeck.
La razón para que los Acosta y Corzo se enfrentaran por el manejo de la Fundación lo detallan los primeros en otro aparte de la denuncia penal: '(...) administra indirectamente la Fundación Universitaria Hospital Metropolitano y la Universidad Metropolitana'.
El hospital obtuvo en 2010 ingresos por $11.071 millones; en 2011, por $15.255 millones y en 2012, por $15.483 millones, sin que en esos años tuviera pérdidas, indican los resultados publicados en la web de la Unimetro y los reportados a la Superintendencia de Salud.
Los balances aparecen firmados por quien era la representante legal para esos periodos: Soraya Corzo Pinto. Un ex asesor del hospital dijo que mientras la abogada estuvo al frente hubo cuestionamientos alrededor de varios contratos para el suministro de equipos.
El cuarto litigio conocido entre los hermanos Acosta y la viuda está en el Juzgado Tercero de Familia de Barranquilla, sobre la repartición de la herencia.
Al morir, Acosta Bendeck poseía 412 cabezas de ganado, dos apartamentos, dos casas, un consultorio, dos garajes, tres fincas, tres lotes, cinco carros y una planta eléctrica. Además, tres bienes sociales registrados a nombre de Corzo: un establecimiento comercial y dos sociedades.
Las expectativas alrededor de esta disputa familiar están en qué tanto puede variar el proceso de sucesión de los 30 bienes y las acciones que tenía el exsenador en empresas como Ecopetrol y Mineros, el cual, hasta ahora, se ha desarrollado 'en buenos términos', expresó un abogado consultado.
Y, por supuesto, los resultados de la exhumación que ordenó la Fiscalía 18 de Vida, que en su oficio al CTI y la Policía dio un plazo no superior a 30 días para que Medicina Legal entregue un reporte. El límite es el 2 de marzo próximo.
Rector de la Unimetro
Desde septiembre del año pasado, la rectoría y representación legal de la Universidad Metropolitana están a cargo del médico otorrinolaringólogo Carlos Jaller Raad, esposo de Ivonne Acosta y yerno del fallecido Gabriel Acosta Bendeck. Reemplazó al hermano del exsenador, Eduardo Acosta Bendeck, quien renunció 'por motivos de salud', informó la institución. Jaller era desde 1980 docente de la misma y médico especialista del hospital.
No hay más denuncias
Los hermanos Ivonne y Alberto Acosta dieron a conocer que instaurarán 'la correspondiente denuncia penal por falsedad y demás delitos que llegaren a configurarse', a raíz de las irregularidades de Corzo con el acta número 1 del 9 de septiembre de 2010. Este diario confirmó, sin embargo, que con la cédula de la abogada no aparecen en su contra indagaciones ni investigaciones en la base de datos del Sistema penal oral acusatorio (Spoa).
Ver: Resolución de la Camcomercio que resolvió el conflicto sobre el acta de Corzo.
Ver: Resolución de Gobernación sobre la representación de la fundación Acosta Bendeck.
