La falta de abogado retrasó el inicio de la audiencia de legalización de captura de Rafael Toro Pote, el asaltante que se fugó de la casa por cárcel de la que gozaba en Barranquilla y fue recapturado este sábado en el departamento del Magdalena.
Aunque estaba programada para las horas de la mañana, la diligencia comenzó pasada la una de la tarde en la sala 7 del Centro de Servicios Judiciales, con el defensor público Jorge Hazbún, que finalmente representó al procesado.
Aunque en principio fuentes oficiales reportaron que el delincuente había sido capturado en Remolino, ayer durante la audiencia, la fiscal 41 seccional de la Estructura de Apoyo, Viviana Iriarte Zapata, indicó que la captura se produjo en el corregimiento de Candelaria, jurisdicción del Cerro de San Antonio.
El juez segundo penal municipal David Saade Morad envió a la cárcel Modelo a Toro Pote, quien no aceptó el delito de fuga de presos que le imputó la fiscal 41 de la Estructura de Apoyo, Viviana Iriarte.
Minutos antes de que comenzara la diligencia judicial, Toro Pote alcanzó a comentarle a su abogado que era víctima de una persecución de la Policía, incluso le dijo que el caso del Club Italiano era un 'falso positivo'. 'Yo me dejé ya de eso, me quedé en la calle y hasta sin abogado', se le oyó expresar.
La captura. La representante del ente acusador señaló que la captura del reconocido delincuente se dio por la información que entregó a la Policía un ciudadano del municipio del Cerro de San Antonio, Magdalena.
El denunciante, mencionó la fiscal, alertó a los policías sobre la presencia en el corregimiento de Candelaria sobre una persona que, al parecer, era la misma que había aparecido en EL HERALDO, medio que denunció la fuga del procesado.
De inmediato los uniformados se trasladaron hasta el corregimiento donde observaron a dos personas dialogando, una de ellas con las características físicas antes descritas por el ciudadano.
Al solicitarles una requisa y luego los documentos de identidad para verificar si tenían antecedentes judiciales, los dos hombres manifestaron a los policías no portar las cédulas en ese momento.
Sin embargo Rafael Toro Pote dio su nombre y su número de cédula, y al verificar con la central de Policía establecieron que le figuran anotaciones por los delitos de hurto calificado agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.
'Al comunicarse con la Policía Judicial de Barranquilla, estos les informaron que a Rafael Toro Pote le figuraba una detención domiciliaria en establecimiento carcelario en Barranquilla y una detención en Santa Marta, y que este se había fugado del lugar donde cumplía la detención domiciliaria', dijo la fiscal. Toro Pote fue capturado a la 1:10 de la tarde y trasladado a la URI de Barranquilla en un johnson, donde llegó a las 6:20 de la tarde.
Ordenan investigar. Al exponer sus argumentos, la fiscal Iriarte detalló que el 9 de abril pasado el Centro de Servicios Judiciales le reporta a la Cárcel Distrital de El Bosque que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla absolvió a Toro Pote por los delitos de hurto calificado agravado, en concurso con porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales, en audiencia de lectura de fallo realizada el 5 de diciembre de 2014.
El 17 de abril -siguió exponiendo la fiscal-, el abogado del procesado, Rafael Jiménez Vargas, le pidió por escrito al director de la Cárcel Distrital, Rusbel Martínez, que ordenara su traslado a la cárcel Modelo para que los funcionarios del Inpec hicieran efectiva la medida de detención domiciliaria que le impuso un juez de Santa Marta en diciembre de 2014. Según el argumento de la fiscal, en este oficio se 'pasa por alto la detención intramural que le había sido impuesta el 4 de diciembre de 2014' por el caso del Club Italiano.
Y añadió que fue trasladado 'hasta la Modelo y lo llevaron a su lugar de residencia, obviando extrañamente la medida de aseguramiento que cumplía en la Cárcel Distrital'.
Con base en el argumento, el juez Saade ordenó compulsar copias a la seccional del Consejo Superior de la Judicatura para que investigue la conducta del abogado Rafael Jiménez, a fin de determinar si hizo incurrir en un error a los funcionarios de las cárceles.
