La revocatoria de la detención en cárcel al empresario Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, investigado por presuntos nexos con una banda criminal, estuvo rodeada de 'favorecimientos' que derivaron en un caso de 'grave corrupción'.
Con esas palabras se refirió ayer el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, a las capturas de 12 sospechosos de participar en la cadena de favores al empresario y contratista. Entre esos hay nueve funcionarios públicos, dos abogados penalistas y una líder comunal.
El operativo de capturas simultáneas se extendió por distintos sectores de Barranquilla y el área metropolitana, en horas de la mañana y la tarde. Fue realizado por investigadores del grupo anticorrupción de la Dijín.
Entre 6 y 7 de la mañana fueron detenidos los jueces penales municipales José Vergara Otero y Edwin Volpe Iglesias, la juez penal del circuito Gloria Giraldo Ruiz, y los funcionarios del Centro de Servicios Judiciales Luis Carlos Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández.
También el fiscal Óscar Contreras Amarís, el inspector de policía Francisco Sanabria Muñoz y el comisario Armando Castro Barraza.
En la redada matutina cayeron además los abogados Orlando Anaya Durán y Gabriel Ramos Fontalvo, y la líder comunal del barrio Las Estrellas Nerilda Caré Parra.
En horas de la tarde fue capturado en esta ciudad el juez penal municipal Rafael Uribe Henriquez, ex coordinador del Centro de Servicios.
VEINTE HECHOS
En rueda de prensa en Cartagena, Montealegre dijo ayer después de las aprehensiones que la investigación se inició hace un año. 'Implicó agentes encubiertos, líneas interceptadas e inspección a procesos'.
Los detenidos afrontan cargos por los delitos de concierto para delinquir, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción, tráfico de influencias y falsedad en documento público.
La Policía informó en un comunicado que los señalados miembros de la 'organización criminal', presuntamente, recibían dinero para asignar audiencias a determinados despachos. 'Con el fin de obtener decisiones contrarias a derecho y favorecer intereses particulares'.
Las autoridades documentaron 20 hechos ilegales, de los que destacaron los favorecimientos a Stefy Díaz Atencia, detenida como integrante de una banda de productores y traficantes de drogas, e Hilsaca, acusado de financiar a la bacrim ‘los Rastrojos’.
'Se valieron de ciertas artimañas para favorecer a personas sindicadas de delitos, obteniendo algunos beneficios con estas decisiones', aseguró ante los medios en Barranquilla el general Rodolfo Palomino López, director de la Policía.
CARRO, LIBERTAD Y CIRUGÍA
En las investigaciones de la Dijín hay evidencias de que Díaz, alias la Beba, habría obtenido tres beneficios ilícitos.
El primero fue la devolución irregular de la camioneta en la que fue capturada el 29 de septiembre del año pasado, por lo que un juez la aseguró en el centro de rehabilitación femenino El Buen Pastor.
Díaz fue detenida cuando conducía una camioneta Chevrolet Captiva Sport, de placas MHW 392, propiedad suya. Policías hallaron encaletados en el vehículo seis paquetes con 5 kilos de cocaína.
La Policía detalló que la devolución fue coordinada por un 'abogado defensor'.
El otro beneficio fue la revocatoria de esa medida de aseguramiento en centro carcelario 'a favor de una de las integrantes de la organización criminal los Químicos', agregó la Policía.
Alias la Beba fue capturada de nuevo en noviembre, al igual que otras 23 personas señaladas de conformar esa banda.
En una nota titulada ‘Una de los Intocables había sido capturada en septiembre’, EL HERALDO informó el 29 de noviembre que investigadores de la Fiscalía habían descubierto que los Químicos 'confiaban en pocos abogados para contratarlos y que obtuviesen beneficios a favor de miembros detenidos'.
Y en julio anterior estalló el sonado escándalo de la cirugía estética. 'En días anteriores pidió permiso para ir al médico y regresó al centro de reclusión con una lipoescultura, la cual no estaba autorizada por la directora del Buen Pastor', añadió la Policía.
REPARTO IRREGULAR
En el año de investigaciones, no obstante, se presentó otro caso polémico. Fue la libertad que obtuvo el empresario Hilsaca Eljadue, también por una revocatoria que solicitaron sus abogados.
Al finalizar esa audiencia la noche del sábado 20 de diciembre anterior, el fiscal 48 contra el crimen organizado Hugo Quintero Ariza –a cargo del caso– afirmó que era 'un caso como el de Santiago Nassar en ‘Crónica de una muerte anunciada’ (...)'.
EL HERALDO informó el 23 de diciembre cómo se dio la asignación de la diligencia, que pasó de apelación a una revocatoria.
Todo comenzó con el recurso que los defensores de Hilsaca Eljadue presentaron contra la medida de aseguramiento que, en audiencia hecha entre el 20 y 21 de noviembre, el Juzgado penal municipal ambulante Bacrim le había impuesto en la Penitenciaría de El Bosque.
El juez Bacrim ordenó que el Centro de Servicios Judiciales remitiera la actuación por reparto a un juez penal del circuito, para que resolviera la apelación.
La repartición se hizo la última semana de noviembre y en un acta se consignó que el entonces juez coordinador del Centro de Servicios, David Saade Morad, requirió que la Procuraduría supervisara el proceso aleatorio por computador.
El sistema determinó que el Juzgado Primero Penal del Circuito estudiará el recurso, pero la defensa de Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue renunció a esta y por eso el caso no llegó al despacho.
Saade renunció el primero de diciembre a la coordinación y en su reemplazo fue nombrado Rafael Uribe Henríquez. Abogados de Hilsaca Eljadue presentaron luego la petición de audiencia de revocatoria y correspondió al juez Volpe Iglesias en un 'reparto irregular', de acuerdo con la Fiscalía.
Decisiones polémicas
Gloria Giraldo, siendo jueza penal del circuito de Soledad, avaló el preacuerdo que fijó una condena de 3 años excarcelables al futbolista Javier Flórez, quien asesinó a mediados de 2009 a un hincha.
Edwin Volpe, como juez 9, ordenó en diciembre el arresto del exsuperintendente de salud Gustavo Morales Cobo, por desacato a una autorización de funcionamiento a la EPS Salud Andina. Morales no ocupaba ya el cargo cuando se tomó la decisión, pero pagó la sanción.
José Vergara concedió la detención domiciliaria a dos miembros de la banda la Enfermera porque sus abogados demostraron que eran padres cabeza de familia. Uno de ellos fue abatido semanas después por policías en un intento de robo en Bucaramanga y las autoridades hallaron que no existía la dirección donde debía cumplir la domiciliaria.
