Agentes encubiertos que habrían recibido dinero, además de grabaciones y declaraciones de testigos permitieron a la Fiscalía sospechar de presuntas irregularidades de funcionarios del Centro de Servicios judiciales de Barranquilla.
Las pesquisas comenzaron por un documento anónimo que llegó comenzó el 2 de septiembre de 2014 a la Fiscalía de la capital del Atlántico. Denunciaba presunta corrupción por parte de cuatro servidores de apellidos Otero, Tovar y Mahecha.
En las audiencias que continuaron ayer contra 11 de los 12 detenidos el viernes en Barranquilla, el fiscal 6 anticorrupción Germán Arias Cortés develó que dos procesos se convirtieron en las principales referencias a indagar, por los beneficios obtenidos por los investigados.
Fue así como peritos e investigadores de la Dijín llegaron y descubrieron no menos de ocho 'eventos' o irregularidades en nueve procesos judiciales. Entre más se escarbaba y escudriñaba, más se encontraban anomalías.
A principios de este año, hubo funcionarios que incluso inspeccionaron el computador en el que se asignan las audiencias en el complejo judicial. La misión incluyó obtener copia digital del disco duro, al igual que a documentos como actas, solicitudes y autos de respuesta a estas.
Se evidenciaron entonces delitos como concierto para delinquir, falsedad en documento público, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho, prevaricato por acción y tráfico de influencias.
Uno de los primeros procesos que evidenció presuntos favorecimientos es el caso en el que están investigados Jairo Rada Atencia y su pareja, Stefy Díaz Atencia, alias la Beba, señalados cabecillas de la banda de traficantes de droga los Químicos.
Las pesquisas destaparon que que se habrían cancelado $5 millones de pesos a un fiscal, para que facilitara la devolución de la camioneta en que la Beba había sido capturada con 5 kilos de cocaína en seis paquetes. El vehículo estaba bajo custodia de la Policía.
En el mismo caso se conoció que Díaz Atencia habría cancelado $6 millones a un juez para que le otorgara la detención domiciliaria. Y a una líder comunitaria y a un inspector de Policía les dio $600 mil para que le dieran a su abogado un certificado de buena conducta, que sirvió de evidencia para solicitar la casa por cárcel.
El Turco, caso aparte
Uno de los casos que ha llamado la atención de la Fiscalía es el del empresario Alfonso del Cristo ‘el Turco’ Hilsaca Eljadue.
El ente investigador le imputó en diciembre a Hilsaca Eljadue los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, y financiación de terrorismo y de grupos de delincuencia organizada. Y el 20 de diciembre un juez lo dejó en libertad.
Este último hecho reforzó las sospechas de la Fiscalía sobre irregularidades en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla. De acuerdo con las pesquisas y las indagaciones, se habría alterado la fecha de la audiencia y se saltaron varios turnos.
La idea, según la Fiscalía, es que al momento de la repartición la solicitud de revocar la detención en cárcel a Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue se asignara a Edwin Volpe Iglesias, juez 9 penal municipal. La Fiscalía estableció que esa audiencia debió presidirla un juzgado anti bandas criminales, de acuerdo a las normas penales, por tratarse de un caso de presuntos vínculos con un grupo del crimen organizado.
Fuentes de la investigación indicaron a EL HERALDO que aún se indaga si para la revocatoria de Hilsaca Eljadue también se ofreció dinero.
Justicia en entredicho
Con todo el acervo de indicios, la Fiscalía pidió a un juez de Cartagena que ordenara las capturas de ocho funcionarios de la Rama Judicial. Por eso los detenidos fueron remitidos el viernes a esta capital, para mayor garantía de transparencia de las decisiones.
'Lo que se está haciendo es tener en cuenta el principio de imparcialidad y transparencia, por esta razón no se llevaron a cabo las audiencias preliminares en Barranquilla', explicó en audiencia el fiscal Arias. 'Estamos tratando de evitar la familiaridad laboral y los tropiezos para lograr el control de legalidad'.
En sus residencias fueron aprehendidos los jueces Edwin Volpe Iglesias, José Vergara Otero y Gloria Giraldo Ruiz; el comisario Armando Castro Barraza; la líder comunal del barrio Las Estrellas, Nerilda Parra Caré; el inspector de Policía, Francisco Sanabria Muñoz, y los abogados Gabriel Ramos Fontalvo y Orlando Anaya.
En la vía pública lograron la captura de los funcionarios del Centro de Servicios César Villadiego Hernández y Luis Carlos Tovar Vanegas, y el juez Rafael Uribe Henríquez.
Al fiscal Óscar Contreras Amaris le hicieron la audiencia de legalización de captura en la Clínica Bautista, en Barranquilla, debido a quebrantos de salud.
Llegaron de Barranquilla
Luego de las capturas y los exámenes de cada indiciado en Medicina Legal, los 11 capturados fueron trasladados a Cartagena.
Cansancio y agotamiento físico fueron el común denominador durante las jornadas que se adelantaron en el complejo judicial de La Heroica. En cuanto llegaron, de inmediato se realizó la respectiva radicación y la primera audiencia fue de legalización de allanamientos. Las audiencias comenzaron el viernes y continuaron hasta las 5 de la mañana.
Cuatro horas más tarde, a las 9 a.m. comenzó la diligencia de legalización de capturas. Los once capturados fueron trasladados al Centro de Servicios Judiciales ubicado en la plazoleta Benkos Biohó. Siete abogados asumieron las defensas.
Tienen la palabra los abogados
Los abogados de los funcionarios judiciales coincidieron en que se declararan ilegales las capturas de sus defendidos. Alegaron que los procedimientos estuvieron viciados y fueron irregulares porque violaron la intimidad de los aprehendidos en sus residencias.
También señalaron que en ningún momento se conocieron los hechos que son materia de investigación de la Fiscalía, que les permitiera dar inicio al derecho a la defensa.
Matoneo o bulling judicial fue el calificativo utilizado por el abogado Donaldo del Villar. El jurista Miguel Yacamán Yide sostuvo que este show mediático de la Fiscalía se lo habrían podido ahorrar. 'A un juez de la República no hay necesidad de exponerlo al escarnio público'.
2 sufrieron quebrantos
En medio de la audiencia de legalización de captura celebrada ayer, dos imputados de la Rama Judicial del Atlántico sufrieron desmayos en pleno complejo judicial. Fue necesario que entre varias personas los sacaran de la sala de audiencias y los trasladaran a los centros asistenciales más cercanos. Esta situación dio origen a conatos de enfrentamientos entre los miembros de la Fuerza Pública y allegados y familiares de los presuntos implicados.
