Alberto Ruiz Gómez, presunto miembro de la banda delincuencial los Peloteros, dedicada al hurto y falsificación de cheques en la Costa, permanece en la Penitenciaría de El Bosque.
En audiencia ante un juez, el fiscal 13 de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA), Mauricio Chiquillo, le imputó cargos por hurto calificado agravado, falsedad en documento público y concierto para delinquir. Ruiz aceptó la responsabilidad solo por los dos primeros.
Otro capturado, Edgardo Camargo Mercado, vigilante de una empresa afectada por la banda, quedó libre. En concepto del juez primero penal municipal, Alberto Oyaga, no había evidencias suficientes para dictarle también medida de aseguramiento.
Ruiz y Camargo fueron capturados por agentes del CTI, con apoyo del Gaula Militar Caribe y CTI seccional Magdalena, en allanamientos realizados en Barranquilla y el municipio de Soledad.
MÁS DE $900 MILLONES
El pasado 20 de septiembre habían sido detenidos en Bolívar y Atlántico otros nueve sospechosos.
Fueron identificados como Dagoberto Echevarría Correa, Horacio Mouthon Cuesta, Heberto Contreras Palencia, Hernán Tatis Muñoz, Jorge Torres León, Martín Torres Monterrosa, Homer Cristian Villarreal Beleño, Pedro Herrera Gómez y Walter Naranjo Maldonado.
Todos aceptaron ante un juez los cargos por concierto para delinquir, hurto agravado, estafa agravada, falsedad en documento público y falsedad en documento privado que les imputó la Fiscalía.
Las pesquisas de la Fiscalía indican que el grupo delinque desde 2004 en Barranquilla, Cartagena, y municipios de Bolívar y La Guajira, donde habría robado más de $900 millones a varias empresas.
‘MODUS OPERANDI’
En la audiencia contra Ruiz, en el Centro de Servicios Judiciales, el fiscal Chiquillo detalló el rol del detenido en la banda: usaba falsas identidades para cobrar los cheques hurtados a las empresas.
Para ello, los Peloteros contactaban a empresarios que manejaran grandes cantidades de dinero. Luego hurtaban los títulos valores en blanco, a veces con ayuda de empleados de las víctimas.
Con los documentos en su poder, los delincuentes falsificaban firmas y los sellos (de tinta o secos) eran imitaciones de los originales.
'Los endosaban una o más veces para dar apariencia de autenticidad al cobrarlo en entidades financieras', explicó el fiscal. 'Los elaboraban por cuantías entre $5 y $9 millones, para que el banco no estuviera en la obligación de llamar a confirmar al titular de la cuenta'.
