Los 14 aplazamientos que la Fiscalía ocasionó de la audiencia preparatoria al juicio contra el ex director del Damab, Hugues Lacouture Daníes, motivaron al Tribunal Superior a pedir una indagación contra dos funcionarias que han intervenido en el caso.
'Que se investiguen las presuntas faltas en que pudieron haber incurrido, como consecuencia de las reiteradas inasistencias a las audiencias, por lo que el proceso no ha podido desarrollarse normalmente', resolvió la sala penal en una decisión del magistrado Julio Ojito Palma.
La compulsa de copias a la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura está dirigida contra las fiscales Janeth Restrepo Perdomo y Silvana Mendoza Bula, destacadas en la actuación penal como titulares del despacho 60 de la unidad de Administración Pública.
Desde 2010
A Lacouture se le investiga por presuntas irregularidades ocurridas en el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (Damab), al revocarse la histórica sanción de $3.296 millones a la Urbanizadora Villa Santos (Urvisa).
Para la Fiscalía el exfuncionario es sospechoso de las anomalías porque, siendo director, expidió en junio de 2009 la resolución que absolvió a la constructora. Ello, pese a que otro acto administrativo de noviembre de 2007 confirmó un primero, que en junio de ese último año la había multado.
El Damab había decidido castigar a Urvisa en la gestión de Alberto Borelly, por el daño ambiental que denunció EL HERALDO. La firma habría sedimentado un brazo del Arroyo León para la construcción de un proyecto de vivienda.
Por esas sospechas, en enero de 2010 un fiscal de la URI imputó a Lacouture los delitos de prevaricato por acción, y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.
Dilación 'evidente'
Ojito incluyó el requerimiento contra las fiscales en un auto, proferido el jueves anterior, en el que rechazó la apelación que el abogado de Lacouture interpuso contra la decisión del Juzgado 3o. penal del Circuito: avalar que la Fiscalía utilice más de 40 pruebas en el juicio.
'Se logra inferir que el ente acusador proponer acreditar su teoría del caso mediante la introducción de los documentos que así lo evidencian', estimó el magistrado penal.
La compulsa de copias del Tribunal se originó en la revisión del expediente 2009-02887. 'Resulta evidente la dilación en el desarrollo de la misma', advirtió.
El proceso completa cinco años y nueve meses a partir de la imputación de cargos, cuestionó el togado, y la audiencia preparatoria se ha aplazado 14 veces desde 2013 por cuenta de la Fiscalía. La defensa del acusado ha frustrado tres citas más.
'Es claro entonces que la dilación del trámite obedece en mayor medida a la Fiscalía General de la Nación, representada por las fiscales Restrepo Perdomo y Mendoza Bula', concluye la decisión de Ojito.
