El Juzgado de ejecución de sentencias de Justicia y Paz rechazó el pedido de libertad a prueba a Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, ex jefe del frente José Pablo Díaz de las Autodefensas en el Atlántico y parte del Magdalena.
La juez Luz Marina Zamora basó su decisión en que la condena alternativa de ocho años de prisión, que el Tribunal Superior de Bogotá impuso en 2011 al desmovilizado, aún no ha llegado a su despacho para empezar la vigilancia a la misma.
'Tiene una teoría que como (Fierro) no está a su disposición, sino en procesos de justicia ordinaria que no han sido acumulados a la sentencia, argumenta que el postulado no ha pagado los 8 años', explicó por teléfono Camilo Bocanegra Bernal, abogado de Fierro.
El fallo se conoció ayer en una audiencia hecha en ese Tribunal con transmisión al complejo judicial del Centro Cívico, en Barranquilla.
Desde el año pasado, esta es la cuarta vez que Don Antonio recibe una respuesta negativa a una petición de libertad a prueba.
APELACIÓN
Los procesos ordinarios a los que Zamora se refirió son cuatro homicidios ocurridos entre 2003 y 2005 en Barranquilla y Sabanalarga (Atlántico), por los que el exparamilitar aceptó ante un fiscal de Justicia y Paz su responsabilidad como jefe del José Pablo Díaz.
Por los mismos, jueces de esta ciudad y del municipio condenaron a Fierro, pero los fallos no están acumulados en el mencionado fallo parcial contra Fierro, ni en la sentencia que el mismo Tribunal dictó a Salvatore Mancuso Gómez, máximo comandante de las AUC en la región Caribe.
Bocanegra había solicitado el beneficio para su representado, por acumular nueve años y dos meses en prisión, más de los ocho años exigidos por el sistema de justicia transicional.
El abogado apeló la decisión y agregó que 'esperamos que máximo en un mes o 40 días, el Tribunal tome una decisión' de revocarla o confirmarla.
¿Y la orden de la Corte?
La Corte Suprema de Justicia confirmó en julio anterior un fallo que ya concedió la libertad a prueba a Fierro. Se trata de la decisión de la magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, Zoraida Chalela Romano, que en octubre del año pasado confirmó su postura de aceptar la petición de sustituirle dos medidas de aseguramiento por una no privativa de la libertad, pues acumula más de ocho años en una cárcel desde su postulación a Justicia y Paz.
