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MONTERÍA. La juez penal del circuito de Montería, Carmen Arrieta Burgos, decidió al mediodía de este viernes suspender por lo menos durante dos meses, el proceso judicial que se adelanta por la desaparición y homicidio del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez, ocurrido el 27 de noviembre de 2014 en una vivienda del barrio la Castellana, en el norte de Montería.

Dicha determinación la tomó la togada al tiempo de llamar la atención tanto a la Fiscalía como a la bancada de la defensa de los seis imputados, por no agotar los recursos necesarios y suficientes para la entrega y recibimiento de nuevas evidencias físicas o elementos materiales probatorios, que tienen que ver con 130 gigabytes de información, más otros 2.200 folios. Ambos paquetes contienen videos, entrevistas y declaraciones juramentadas de testigos. Lea también: Caso Zapa: Defensa de los acusados rechaza las pruebas de la Fiscalía.

Después de leer un amplio marco normativo para pronunciarse al respecto, la juez Arrieta Burgos dijo que el descubrimiento de pruebas por parte de la Fiscalía fue claro y lo tiene a la vista, incluso lo que se verbalizó en la audiencia de acusaciones el pasado 9 de abril. Sin embargo, llamó la atención a la bancada de la defensa porque los abogados debieron acercarse a la Fiscalía para solicitar las pruebas en el ejercicio de la lealtad procesal o en su defecto asesorarse de profesionales en el área de sistemas para la revisión de la información digitalizada que, según lo manifestaron los juristas en la audiencia del jueves, no fue posible conocer por supuestos problemas técnicos.

'No se necesita ser experto en ingeniería, se necesita ser diligente. La defensa debió adelantar las actividades encaminadas a conseguir la información, poniendo de presente a la Fiscalía que la información digital no había podido ser abierta', sostuvo tajantemente la juez que preside lo que se denomina en el proceso judicial, las audiencias preparatorias del juicio.

'Regaño' a la Fiscalía

Pero la juez Arrieta también llamó la atención de la Fiscalía, representada en el caso Zapa por el fiscal 48 especializado de derechos humanos y derecho internacional humanitario, Carlos Pión Mayorga, quien debió - según la juez - insistir y verificar la entrega de la información completa.

'Es un descuido indeseado, había que confirmar o buscar los canales de comunicación efectivos, pero la actitud de la defensa tampoco ha sido la deseada porque todos recibieron en sus correos por los menos una decisión en la que el fiscal les manifestaba la entrega de las evidencias y materiales probatorios', sostuvo la juez.

Así las cosas la audiencia preparatoria de juicio deberá reanudarse solo cuando los descubrimientos de la Fiscalía se completen y estén todos en poder de los seis abogados defensores.

La juez determinó un mes de plazo para que el fiscal 48 entregue a los seis juristas todos los folios legibles que no han sido suministrados y explique cuáles son las evidencias físicas y en qué discos extraíbles están.

Evidencias en enero

El fiscal Pión Mayorga aseguró que tendrá la información disponible para los sujetos procesales que están en Montería, los días 13, 14 y 15 de enero próximo, en la sede de la Fiscalía del barrio Buenavista; mientras que para los sujetos procesales que están en Bogotá o en otras ciudades del país, será el día 19 en esa misma ciudad.

A partir del 19 de enero, la juez contará 45 días calendarios para que las defensas conozcan y estudien las pruebas y notificará por escrito a los sujetos procesales la fecha de reanudación del caso Zapa.

Por el homicidio del exdirector de Regalías de Córdoba están privados de la libertad, Jesús Henao Sarmiento, Zuán Naidú López Acevedo, Joice Rafael Hernández Muñoz, Jesús Torres Redondo, Carlos Pérez Escobar y Maximiliano García Bazanta.