Juanita López Patrón, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, considera 'absurdo' la sentencia que condenó a la Nación a indemnizar con $2,1 billones a 44.568 víctimas de desplazamiento forzado en el departamento de Sucre.
La funcionaria aseguró ayer que no se tuvo en cuenta los estándares de sostenibilidad fiscal establecidos en materia de reparación.
Unas declaraciones que fueron refutadas por el abogado David Fajardo Cardozo, representante de víctimas, que instauró la demanda y afirmó que la cifra escandaliza porque la mostraron 'global' y no que, en la práctica, cada víctima recibirá $50 millones.
'El Estado ha revictimizado a las víctimas porque no les ha cumplido las reparaciones administrativas que consagra la ley y, con las declaraciones de Juanita López, se ve una forma de torpedear por la vía de la justicia este fallo y coaccionar al Consejo de Estado para que revoque una sentencia bien concebida', sostuvo Fajardo Cardozo.
'Le recuerdo que el desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad y tiene prioridad', agregó.
El fallo de primera instancia fue proferido hace un año por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo. Como un abogado de la Agencia de Defensa estatal lo apeló, el expediente pasó al Tribunal Administrativo de Sucre, que lo remitió al Consejo de Estado debido a la trascendencia económica y social. En este último órgano está en revisión.
Hay otras acciones. López agregó que se está ad portas del postconflicto y este tipo de medidas generan insostenibilidad y absoluta imposibilidad de que las víctimas sean reparadas.
En criterio de Fajardo, las declaraciones de la funcionaria son una voz de alerta que polariza el proceso de paz porque no hay claridad de cómo será la indemnización de las víctimas.
Sobre la 'perla' a la que el Estado hace alusión, el pago de sus honorarios que son el 10% de la cifra, el jurista alega no es una cifra alegre o traída de los cabellos. 'Es establecida por la ley en los casos de acción de grupo'.
Fajardo presentó en 2005 la acción de grupo, que no es la única: hay otras en curso por la misma causa.
'El Estado hará uso de los dineros que debe tener guardados en el fondo y que han sido captados a través de los bienes incautados a los grupos armados al margen de la ley', dijo.
¿Qué dicen víctimas?
Roumalda Paternina Oviedo, presidenta de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria en Sucre, asegura que el fallo no es cuantioso frente al daño que padecieron por culpa del conflicto armado y el abandono del Estado.
'Si no tienen plata, la van a tener que buscar porque esto no es un capricho; en Sincelejo las víctimas no tenemos ni oportunidades para trabajar', anotó.
Wálter Villalba Tobío, miembro de la Mesa Sucreña por la Paz, considera sin embargo que la condena sí es onerosa y la cataloga un exabrupto jurídico.
'Si bien hay una deuda del Estado con las víctimas, ese monto no es real, y menos, aterrizado; se está condenando al Gobierno a un pago que al final lo paga el pueblo', puntualizó.
