'Menor fue abatido en enfrentamiento con la Policía, en el barrio Rebolo', así fue el titular de una noticia registrada el pasado 23 de marzo, luego de que un menor de 16 años fue dado de baja por la Policía Metropolitana en momentos en que, presuntamente, intentó atracar un camión repartidor de gaseosas.
El hecho se registró en la calle 7 con carrera 29B, sector El Golfo, del mencionado barrio, en el suroriente de la ciudad.
En lo que va del año 6 menores de edad han sido asesinados en Barranquilla, otros 5 en Soledad y uno en Galapa. El año anterior, para el mismo período, fueron asesinados 10 menores de edad, de los cuales 8 casos fueron en Barranquilla y 2 en el municipio de Soledad.
De acuerdo con información estadística de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en lo que va de 2016 han sido capturados en Barranquilla y el área metropolitana 113 menores de edad -27 más que en 2015- 87 de ellos por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes han sido capturados 46 adolescentes –16 más que el año anterior–, en tanto que por el delito de homicidio este año las autoridades lograron la captura de 4 menores de edad, 2 menos que en 2015.
Un caso particular. EL HERALDO conoció el caso de un menor que empezó a delinquir a los 14 años. El Chinito, como es apodado, ingresó por primera vez al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA, por el delito de hurto.
Estando recluido en el Centro de Reeducación El Oasis, el Chinito se fugó. Fueron entre ocho y nueve las veces que logró escapar.
En dos ocasiones resultó herido cuando atracaba. En la primera le propinaron cinco tiros que lo tuvieron al borde de la muerte. Fue operado y se salvó, aun así siguió delinquiendo y fue capturado, pero nuevamente logró fugarse.
La segunda vez que resultó herido fue cuando atracaba a un conductor en la calle 17, en Rebolo. En un descuido, la ‘víctima’ sacó una pistola y le propinó un tiro en la boca. El proyectil le destrozó los dientes de adelante y se alojó en la última muela.
Debido a su actuar delictivo se estableció por parte de médicos que el Chinito era un adolescente con comportamiento siquiátrico por la trascendencia que había tenido en la drogadicción, lo que motivó ser internado un tiempo en el Cari Mental, del cual también se fugó.
Ya siendo adulto fue capturado por haber asesinado a una persona, por lo que fue condenado a varios años de prisión. Estando privado de la libertad, el Chinito, quien residía en el barrio Rebolo, se abrió con una cuchilla la herida de la operación que le habían hecho para que lo llevaran a un centro asistencial, lo cual consiguió.
Estando en el hospital fue visitado por su novia, que distrajo a los guardias que lo vigilaban y una vez más se fugó. Hasta el día de hoy las autoridades desconocen su paradero.
Situación preocupante. El incremento de menores de edad en hechos delictivos es una situación que preocupa, no solo las autoridades sino a la comunidad y a las diferentes entidades del Estado que tienen que ver con los adolescentes.
Así lo dio a conocer Germán Viana Guerrero, procurador judicial de familia para el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, de Santa Marta, quien asegura que la problemática de los jóvenes y adolescentes de Barranquilla es la misma a nivel nacional.
En concepto de Viana Guerrero, muchos de los adolescentes infractores de la ley penal son los 'hijos de la miseria, de la pobreza; del desequilibrio social que existe en el país'.
El funcionario señaló que muchos de los jóvenes y menores de edad crecen hoy en día en hogares disfuncionales, y entornos sociales críticos, carentes no solo de posibilidades económicas sino también de afecto, por lo que al llegar a la edad de la adolescencia se encuentran con ‘ollas’ de drogas en sus barrios que los vuelven adictos y posteriormente los convierten en delincuentes, que es uno de los problemas que está creciendo en la sociedad.
'Generalmente los expendedores de drogas les regalan las primeras dosis tanto en los entornos de sus viviendas como en los colegios, y cuando el adolescente está atrapado por el veneno los envían a delinquir. Estos muchachos, que están privados de todo, ven en eso una posibilidad de obtener unos recursos, en algunos casos para sobrevivir y en otros para vestirse, pero siempre para el consumo de sustancias alucinógenas'.
Para el procurador judicial de familia, el 95 por ciento de los jóvenes infractores son consumidores de droga, y considera que se está judicializando a unos jóvenes que el Estado nunca tuvo que ver con ellos, pero que cuando delinquen entonces 'sí aparece el Estado para castigarlos por la conducta delictiva que cometen'.
Otro problema que existe, de acuerdo con Viana Guerrero, es que en algunos centros especializados hay consumo de drogas, y aunque dice que la sanción a los menores de edad es pedagógica, resocializadora y restauradora-rehabilitadora, si siguen infringiendo la ley al cumplir la mayoría de edad 'los coge la justicia de adultos y generalmente terminan en el cementerio a temprana edad. El problema no es jurídico, es social', afirmó Germán Viana.
'Hace falta mucho'. Róber Castillo Nieto, abogado especializado en derecho penal y temas sobre infancia y adolescencia, indicó que los menores de edad empiezan a cometer infracciones penales desde temprana edad, debido según él, a falta oportunidades de estudio y empleo por parte del Estado.
Castillo Nieto conceptuó que hacen falta políticas públicas en salud, educación y empleo, dirigidas a las clases menos favorecidas para que no exista el vandalismo y se pueda reducir el índice de criminalidad.
'A pesar que el sistema penal para adolescentes está institucionalizado, regulado por la Ley 1098 de 2006, y así mismo trabaja de la mano con el ICBF, la Fiscalía y los juzgados, hacen falta muchas cosas porque los jóvenes y adolescentes siguen delinquiendo por falta de oportunidades, y es que la mayoría de los adolescentes infractores son de la clase menos favorecida', dijo Castillo Nieto.
El abogado dijo que los delitos que más cometen los adolescentes infractores son el hurto, el porte ilegal de armas de fuego, al igual que el microtráfico que últimamente ha venido en aumento, y que los menores son muy residentes, hasta tres y cuatro veces, debido a que el sistema es muy permisivo y garante, ya que 'maneja muchos derechos a favor de los menores'.
Hospital Mental. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sancionó en días pasados el Acuerdo que permite la ampliación y modernización de la red pública hospitalaria de la ciudad. Serán construidos 4 Pasos y 4 Caminos con recursos de la estampilla Pro Hospitales de I y II nivel de atención.
De acuerdo con Jaime Berdugo, director del Área Metropolitana, el Distrito va a implementar una política pública para la prevención y atención de drogas y violencias asociadas.
'Dentro del hospital mental que está proyectado para la ciudad y el Departamento se va a contar con una unidad especial para farmacodependencia, o sea, para atender a los pacientes agudos drogodependientes'.
Berdugo dijo que va a ser una unidad con toda la sofisticación y tecnología necesaria para los manejos de las intoxicaciones y de los casos agudos y severos de drogodependencia, tanto de los menores como de toda la población', dijo Berdugo.
Además de ello, aseguró el funcionario, se construirán en el área metropolitana no menos de cinco centros de tratamiento para drogodependientes, lo que se conoce como la fase de deshabituación.
'Las ‘ollas’ de droga, el comercio ilegal de la misma constituyen un fenómeno violento; son personas enfermas y hay que tratarlas como tal', señaló Berdugo.
¿Qué es el SRPA?
El Código de la Infancia y Adolescencia establece que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y el juzgamiento de infracciones cometidas por adolescentes entre los 14 y 18 años.
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no habla de delito sino de infracción; no trata al menor de delincuente sino de infractor, no habla de penas ni condenas sino de sanciones, cuya máxima para los adolescentes infractores, sea por cualquier infracción que hayan cometido, es de 8 años de internamiento, la cual puede ser disminuida de acuerdo con el comportamiento del menor, ya que lo que busca la medida es la rehabilitación del adolescente y no castigarlo.
El SRPA no permite tampoco que los menores sean esposados.
